Obstinación empedernida

El gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina no logra la resignación por haber perdido la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación y, en virtud de ello, pretende gobernar sin el Poder Legislativo, avasallando sus atribuciones a través del abuso y la desnaturalización de facultad extraordinarias que la Constitución Nacional Argentina otorga al titular del Poder Ejecutivo, como lo son los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

A fines del año 2009, habiendo transcurrido pocos días de iniciarse el receso parlamentario constitucional, con mayoría opositora en ambas Cámaras, la Presidenta Fernández de Kirchner dicta el Decreto Nº 2010/2009, de "Necesidad y Urgencia", por el cual se modifica la Ley Nº 23.928 - Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina - y se creaba el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad", sin justificar debidamente que haya sido IMPOSIBLE seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes, como lo establece el Art. 99 inc. 3 de la Constitución Argentina.

Como es obvio, esta actitud presidencial fue calificada de anticonstitucional por la oposición, debido a que una decisión de esta naturaleza debió haber sido adoptada por el Congreso, cual es el trámite para la sanción de las leyes según la Carta Magna, más aún cuando fue dictada tan solo a pocos días del inicio del receso y pudiendo la Presidenta convocar a sesiones extraordinarias del Congreso.

Ante la imprevisión jurídica del Congreso para autoconvocarse, legisladores opositores apelaron judicialmente el DNU, logrando la suspensión de sus efectos como medida cautelar, aguardando para poder pronunciarse cuando se reiniciara la actividad parlamentaria, debido a que contaban con la mayoría suficiente en cada Cámara como para poder derogarlo.

Ante este hecho, el orgullo de la Presidencia no se permitió una derrota ni retroceder, así que derogó con vergonzosos considerandos dicho Decreto antes de que el Congreso se pronuncia, y dictó un nuevo DNU para crear el "Fondo del Desendeudamiento Argentino", con el mismo fin: la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, habiéndose ya iniciado la actividad en el Congreso y sin que existan las razones de "necesidad y urgencia" para omitir el trámite ordinario constitucional.

Cabe destacar que, inmediatamente, la nueva Presidenta interina del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, ya transfirió los recursos autorizados por el Decreto al Tesoro Nacional,

Se perfila una nueva dura batalla entre el oficialismo y la oposición. Es de suponer que la mayoría opositora buscará derogar el nuevo DNU presidencial y apelará judicialmente para suspender sus efectos y declarar la nulidad absoluta de los mismos.

Pero lo que más llama la atención es la OBSTINACIÓN EMPEDERNIDA del gobierno de Cristina Kirchner para gobernar sin el Congreso, con mayoría opositoria por voluntad popular, puesto que las decisiones que adopta a través de los Decretos corresponden aplicarlas al Congreso por vía de Ley.

La Constitución Argentina solo autoriza al Presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia, con fuerza de ley, cuando circunstancias hagan imposible seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes (Art. 99 inc. 3).

La palabra clave en ese inciso es IMPOSIBLE, lo cual se daría en el caso de alguna catástrofe natural, circunstancia de tumulto grave o similares.
Pero como bien lo dijeron la magistrada Sarmiento, que suspendió los efectos del Decreto Nº 2010/09, la sola invocación de que la urgencia del caso hace imposible seguir los trámites ordinarios no justifica dictar un DNU.

Y los Kirchner no entienden esto, o no lo quieren entender, para no sentir limitado su poder, como lo fue desde 2003 hasta ahora, cuando contaban con mayoría parlamentaria. No quieren darse cuenta que el pueblo les está frenando y que toda política que adopten deben consensuar con la oposición, que no se puede pasar por alto el Congreso a través de decretos inconstitucionales, que la Carta Magna establece un sistema de división de poderes que hay que respetar, que no es facultad ordinaria del Ejecutivo legislar.

Mientras no sigan aceptando esta realidad, seguirán golpeándose, desgastándose, perdiendo apoyo popular, rumbo a una victoria segura en 2011 que extinguirá del mapa político argentino este proyecto autoritario y absolutista, que pretende gobernar sin el Congreso.