La situación política en Paraguay y la destitución constitucional del Ex Presidente

En los pasados días 21 y 22 de junio de 2012, el Congreso Nacional de la República del Paraguay, siguiendo los pasos previstos en el Art. 225 de la Constitución de este país, destituyó al ex Presidente de la República, Fernando Lugo, por mal desempeño de sus funciones, a través de la figura legal del Juicio Político y en su reemplazo, asumió el entonces Vicepresidente de la República, de conformidad a la línea de sucesión presidencial prevista en los artículos 234 y 239 de la Constitución Paraguaya.

Este procedimiento se desarrolló del siguiente modo: la Cámara de Diputados, por una mayoría de 76 votos a favor, 1 voto en contra, y 3 ausencias, de un total de 80 votos (es decir, el 95% de los miembros, superior a los dos tercios requeridos), inició el Juicio Político a través de la correspondiente Acusación contra el Presidente, por los siguientes motivos, según expresa el Libelo aprobado:

1. Actos políticos de movimientos políticos afines al entonces Presidente Lugo en cuarteles de las Fuerzas Armadas de la Nación, con el consentimiento del destituido mandatario, violando el rol constitucional de éstas y su independencia política y partidaria.

2. Instigación y apoyo a las Invasiones de propiedad privada en el Distrito de Ñacunday.

3. Creciente inseguridad, a raíz del ataque de grupos terroristas clandestinos en distintos puntos del país, con muchas bajas a nivel policial, sin una respuesta efectiva del Gobierno al respecto.

4. Firma del Protocolo de Montevideo (Ushuaia II) en el año 2011, donde el destituido mandatario autorizaba a los países del Mercosur a intervenir en asuntos internos, cortar suministro de energía, cerrar fronteras, bloquear comercialmente al Paraguay, entre otros.

5. Matanza en Curuguaty, donde a raíz de la invasión de propiedad privada por parte de grupos armados, de autodenominados campesinos, en un procedimiento de desalojo murieron 17 personas entre Policías y campesinos, a raíz de la aplicación de un Protocolo aprobado por el Gobierno, según el cual, sin importar que se tratara de invasores altamente armados y violentos, la Policía no debía utilizar armas, sino ir a dialogar con ellos, lo que derivó en la Masacre a raíz de los ataques a quemarropa realizados por los invasores contra los Policías.

Enterado el ex Presidente Lugo del inicio del Juicio Político, manifestó que no renunciaría al cargo y que se sometía a este procedimiento constitucional.

Cabe señalar que, a más de las acusaciones de la Cámara de Diputados, existía un enorme disgusto en un sector de la población, por la conducta inmoral del destituido mandatario y su desprecio por los Derechos de la Niñez, pues el mismo tenía numerosas demandas de filiación y reconocimiento de paternidad de niños, a dos de los cuales reconoció como suyos, no sin antes iniciarse los reclamos judiciales y a través de la prensa.

Recibidas estas acusaciones, la Cámara de Senadores convocó al Presidente Lugo para hacer ejercicio de su derecho a la defensa, la cual fue ejercida por un equipo de varios Abogados, que incluso presentaron una Acción de inconstitucionalidad rechazada por la Corte Suprema de Justicia. En la Audiencia de descargo, los Abogados defensores del destituido Presidente expresaron sus argumentos para rebatir los cinco puntos de la acusación, refiriéndose puntualmente a cada uno de ellos y culminaron su detallada exposición mucho tiempo antes del total otorgado para la defensa.

Tanto la Acusación como la Defensa presentaron sus alegatos finales, y posteriormente, la Cámara de Senadores, siguiendo el procedimiento constitucional, votó por la destitución o absolución del entonces Presidente Lugo, y por una mayoría de 39 votos a favor de la destitución, 4 votos por la absolución y 2 ausencias, de un total de 45 Senadores (es decir, un 86%, superior a los dos tercios requeridos), dicha Cámara declaró culpable al ex Presidente Lugo de mal desempeño de funciones y lo separó del cargo de Presidente de la República, en estricta aplicación a lo dispuesto por el Art. 225 de la Constitución Paraguaya, que dice:

“Artículo 225 - DEL PROCEDIMIENTO El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.

Aprobada su destitución constitucional mediante el Juicio Político, el ya destituido Presidente Lugo salió a dar un mensaje a la prensa y la ciudadanía desde el Palacio de López, en el cual aceptó la decisión del Congreso Nacional, y manifestó que se despedía como Presidente pero no como ciudadano, además de agregar que hablaba como ex mandatario nacional.

El Presidente del Congreso Nacional convocó, consecuentemente, al entonces Vicepresidente de la República, Federico Franco, a jurar ante dicho cuerpo legislativo, como nuevo Presidente de la República del Paraguay, en aplicación del Art. 239 de la Constitución Paraguaya, que señala como atribuciones del Vicepresidente sustituir al Presidente en los casos previstos por la Constitución. Cabe señalar que el actual Presidente Federico Franco fue electo conjuntamente con Fernando Lugo en la misma fórmula electoral que resultó ganadora en los comicios democráticos del 20 de abril de 2008.

No se puede dejar de señalar que la destitución constitucional del ex mandatario, vía Juicio Político, fue fruto de un amplio consenso entre la gran mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, a saber: el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, el Partido Patria Querida y el Partido Democrático Progresista, y se superó ampliamente la mayoría absoluta de dos tercios exigida por la Constitución Nacional para este procedimiento. Alcanzar una mayoría de esta naturaleza en el Congreso Nacional es un suceso pocas veces visto en la historia política del Paraguay, y fue un reflejo del amplio descontento hacia la gestión del ex Jefe de Estado.

Las manifestaciones a favor y en contra del Juicio Político se desarrollaron en forma pacífica y, sin ningún disturbio, se esfumaron tras la decisión de la Cámara de Senadores. En los días posteriores, prosiguieron expresiones pacíficas de un grupo minoritario de personas afines al ex Presidente frente a la TV Pública, que la tomaron ilícitamente para instalar un “Micrófono Abierto”, donde expresaron por varios días libremente sus opiniones respecto a la destitución del ex mandatario, sin ningún tipo de censura o represión. No se ha registrado ninguna violación a los Derechos Humanos.

Contradictoriamente a la postura pública asumida por el destituido mandatario Fernando Lugo, y de manera inentendible, días después el mismo manifestó que desconocía la decisión del Congreso, se llamó a sí mismo Presidente y expresó que consideraba ilegítimo el nuevo Gobierno, instando a la resistencia contra el mismo.

Es decir, a diferencia de lo que circula en las opiniones de muchos medios de prensa extranjeros y de la opinión sectaria de muchos mandatarios latinoamericanos, en Paraguay no hubo ningún Golpe de Estado, sino la aplicación estricta de un procedimiento constitucional de destitución de un Presidente de la República u otras autoridades, denominado Juicio Político.

Una brillante exposición al respecto fue realizada el día 26 de junio de 2012, por el Representante Permanente de la República del Paraguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Hugo Saguier Caballero, quien ante la tergiversación de estos hechos ante la comunidad internacional, expresó en la Sesión extraordinaria de dicho organismo, lo ocurrido en este país y su situación actual.

Actualmente, en la República del Paraguay reinan la calma, la paz y la tranquilidad, tanto a nivel de las instituciones como del pueblo. Como en toda democracia, existen personas que apoyan la destitución constitucional del ex mandatario y otras, que la repudian, garantizándose plenamente la libertad de expresión. Esto podrá ser constatado en la Comisión de la OEA que vendrá a verificar in situ la situación que vive el país.

Sin embargo, el nuevo Gobierno Constitucional del Presidente Franco goza de un amplio consenso y apoyo ciudadano, así como de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria.

Conflictos sociales y el rol del Gobierno

El conflicto de Ñacunday, así como otras invasiones de propiedades privadas, han captado la atención mediática desde hace varias semanas y nos colocan en primer plano como protagonistas por un lado, al grupo de campesinos "denominados" carperos, por el otro a colonos brasileños asentados en Paraguay ("brasiguayos"), en medio de todo ello, al Gobierno Nacional, en el abordaje de la problemática social de la tierra en el Paraguay.

Al abordar este tópico, no se puede negar la reinvidicación histórica de los auténticos sectores campesinos en su lucha por un pedazo de tierra en su Patria y la auténtica Reforma Agraria que logre integrar a la población rural al desarrollo económico y social de la Nación. Equivaldría a la pretensión de tapar el sol con un dedo, negar la deuda histórica que nos ha hecho con nuestros compatriotas más necesitados, así igualmente injusto sería buscar la solución o al culpable de esta encrucijada en el sector productivo que, categóricamente, son quienes impulsan el crecimiento económico y las cifras que tanto se celebran.

Las expresiones de líderes carperos como Victoriano López, así como las declaraciones de productores como Tranquilo Favero, ambas tan repudiables desde todo punto de vista, nos revelan que estamos ante una izquierda y una derecha radicalizadas, ninguna de las cuales se traduce en beneficios para el país.

El rol del Estado como árbitro de la vida económica y social de un pueblo aparece en escena como un factor fundamental para lograr resolver o, al menos destrabar este delicado conflicto, que aparentemente no depara solución inmediata. Sin embargo, a estas alturas de la segunda mitad de mandato, el actual Gobierno ya ha perdió credibilidad en su capacidad de lograr una salida salomónica, o en su condición de articulador del consenso político y social, que permita alcanzar un mínimo de acuerdo entre las distintas fuerzas contrapuestas.

Desde sus inicios en agosto de 2008, e incluso antes, el actual oficialismo se ha encargado de enarbolar, con mucha sutileza reconozco, las banderas del socialismo chavista, buscando encontrar en el choque social y en los sectores campesinos, una fuerza revolucionaria que le permita avanzar con los ideales que persigue este modelo en gran parte de Latinoamérica. No han sido escasas las alusiones en términos peyorativos y clasistas, por parte de voces oficialistas, hacia los partidos políticos tradicionales, los sectores productivos y empresariales, y en general, hacia todo aquella masa que, en el discurso chavista/marxista, sería la burguesía neoliberal "explotadora del pueblo".

Con tales credenciales, construidas en los balcones del Palacio de López por sus actuales inquilinos, ningún representante del sector productivo, hoy agobiado por la amenaza de invasiones alentadas por dirigentes del oficialismo como Paková Ledesma, no se puede esperar que nadie encuentre en Lugo y sus seguidores la garantía de la paz social ni de los consensos necesarios para vislumbrar una salida que satisfaga a ambas partes. Tampoco es de esperar que la oposición parlamentaria, en abierta mayoría, pueda encontrar coincidencias con el Ejecutivo para instaurar políticas de Estado, dadas las frecuentes crispaciones innecesarias impulsadas, o al menos no evitadas, por el hoy mandatario.

El error de Lugo fue pretender imponer un modelo de país a la venezolana, sin contar con el respaldo político ni la mayoría parlamentaria, que lo pudieran sostener en sus decisiones (afortunadamente), como sí ocurrió en otras naciones del hemisferio, y tal equivocación reiterada ya no permite hoy encontrar en el mismo el liderazgo suficiente para articular todas las variables políticos, sociales, jurídicas y económicas, de modo a garantizar la conciliación entre la justicia social y el crecimiento económico, dos bienes necesarios para equilibrar la balanza del progreso y proyectar un país pujante y con futuro venturoso para todos.

Tal encomienda será un deber impostergable del próximo Gobierno, para el cual, sin duda alguna, necesitamos un estadista con todas las letras.