Conciliación de ideologías en la Alianza

La Alianza Patriótica para el Cambio, sostén político del Gobierno de Fernando Lugo, presenta una situación bastante "sui generis" con relación a la situación política de los demás países latinoamericanos. Se trata de una coalición de partidos y movimientos tanto de derecha como de izquierda, e incluso, con posturas bastantes polarizadas y radicalizadas. Para garantizar el éxito en la gobernabilidad, se requerirá de la habilidad y astucia de Lugo a la hora de conciliar posturas ideológicas tan encontradas.
Entre los ejemplos más extremos de este caso, podemos mencionar al Senador Alfredo Jaeggli, de la corriente más liberal del Partido Liberal, y al Secretario de Emergencia Nacional, Camilo Soares, del ala más radical del socialismo paraguayo. Con el polémico caso del Rally. hirvieron las aguas y salió a evidente luz este problema.Jaeggli, inclaudicable defensor de la libertad individual, fue uno de los principales defensores de la realización del Transchaco Rally. Camilo, titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), fiel a sus principios del socialismo e
igualitarismo, se opuso tenazmente a que se produzca "el derroche de los ricos" en medio de una realmente calamitosa y grave situación que viven compatriotas en el Chaco Paraguayo, a causa de la sequía.Sin entrar en el fondo de la cuestión, lo que sí puedo decir es que este conflicto era de esperarse una Alianza tan multicolor y variada, y Lugo era conciente de ello. Difícilmente prescinda de los actores políticos de la misma, los liberales y los izquierdistas, puesto que los liberales son su sostén parlamentarios, y los socialistas, sus cercanos en pensamiento e ideología, los propulsores de su candidatura.Lugo deberá aprender a conciliar estas posturas dentro del marco del equilibrio. Si Jaeggli promueve la libertad individual, y Camilo, la igualdad,
Lugo deberá hacer prevalecer a todo ello la gobernabilidad. Por eso, resulta llamativo que Lugo siempre en sus discursos, a la par de hablar de equidad social, también hace fuerte mención del crecimiento económico y de la promoción de la inversión extranjera. Esto fue claramente visible en su viaje a Nueva York para la Asamblea de la ONU. Invitó a capitalistas a invertir en el país, habló contra la corrupción e hizo énfasis en la política social que planteará su Gobierno; es decir, presentó una imagen simpatizante a ambas ideologías. Y no tiene otra opción, pues el ayuntamiento político que lo llevó a la Palacio de López así lo exige.
Pero más allá del discurso, el Presidente tendrá que saber enfrentar estos problemas de ideologías, para evitar un fustigamiento que trascienda a mayores entre sus aliados rivales. Dentro de todo, el equilibrio político e ideológico será lo más sano para un beneficio colectivo, porque a lo largo de la historia ha quedado fehacientemente demostrado que los extremos ideológicos nunca llevaron a buen puerto.

VOTO DE CONFIANZA A PRUEBA. Los acuerdos en el Senado

Me resulta algo ridículo la polémica que, de vuelta, se está levantando en el Senado con respecto a los acuerdos constitucionales para los nombramientos. Se cuestiona a Mateo Balmelli por la negativa de incluir los gastos sociales de Itaipú en el Presupuesto General de la Nación; a Carlos Cardozo, por una resistencia hacia su persona en los Departamentos donde se ubica Yacyreta.Es cierto que, cuando la Constitución estableció el mecanismo de acuerdos para nombramientos de cargos de gran trascendida, como sin duda son los mencionados, lo que buscaba era que el Senado ejerza un rol de contralor a la discresionalidad presidencial a la hora de nombrar a quienes administrarían áreas que requerían una tutela democrática mayor. Por este motivo, desde el punto de vista ESTRICTAMENTE constitucional, la Cámara de Senadores tiene todo el derecho de negarse a prestar al acuerdo cuando no considere que la persona designada por el Ejecutivo sea la más idónea para el cargo.Hago hincapié en lo estrictamente constitucional para diferenciarlo de lo políticamente conveniente. No siempre estos dos criterios coinciden. En el caso de la banca senatorial de Nicanor, se visualizó el conflicto y prevaleció lo político sobre lo judicial. Aclaro que no pretendo emitir opinión ni juicio de valor sobre el tema, sino simplemente una pasajera mención al tema.Un rol primordial que cumple el Poder Legislativo (y el Senado, por supuesto, como una de sus Cámaras) es el de ejercer una contraloría de la gestión para garantizar la gobernabilidad, la institucionalidad y el régimen democrático en un Gobierno; por lo cual, sus decisiones son eminentemente políticas, que debería circunscribirse exclusivamente al marco que el Estado de Derecho permite.El Gobierno de Fernando Lugo ha asumido hace poco más de un mes, y hasta ahora ha demostrado una buena predisposición en todo sentido hacia lograr una buena gestión. Más allá de los conflictos propios de todo poder, no ha habido escándalo que no se haya resuelto y la capacidad conciliadora que ha manifestado Lugo resulta interesante. Centrándonos en el tema que nos ocupa, los acuerdos parlamentarios para Itaipú y Yacyretá, es mi parecer (y creo tener razón) en que, ante un Gobierno que se inicia, es deber político del Congreso otorgarle un voto de confianza en carácter "beta" o "a prueba", en "términos informáticos". Mateo Balmelli y Cardozo, más allá de los defectos que puedan tener, ofrecen un perfil de honestidad e inoneidad que los hace aptos para los cargos que ocupan, la titularidad de Itaipú y Yacyretá, respectivamente. Sobre los gastos sociales, más allá de que Mateo manifiesta que no pueden ser incluidos en el Presupuesto General de la Nación por razones jurídicas (según él), se ha mostrado abierto a que la Contraloría y el Congreso ejerzan el control que consideren oportuno para demostrar la transparencia de su gestión. No obstante, por este asunto, Patria Querida y UNACE dieron a entender prácticamente, que no le otorgarán el acuerdo.El otro personaje de la historia es Carlos Cardozo, proveniente de Tekojoja, con un perfil bajo, quien encuentra resistencia en la bancada liberal del Senado (en teoría, oficialista). Los argumentos que esgrimen los Franco y otros liberales se refieren a la objeción hecha por pobladores de Misiones e Itapúa hacia la persona de Cardozo, y mencionó también Federico, el nombramiento por recomendación política de un consejero en la binacional. Ninguno de estos dos motivos realmente ameritan un cuestionamiento serio hacia su designación. La objeción departamental no sostiene motivos sólidos, y el nombramiento político, tampoco, puesto que al ser cargos políticos, obviamente que no existe un concurso de méritos de la Secretaría de la Función Pública para los mismos. ¿O acaso Rosa Merlo, Gustavo de Gásperi, Franklin Boccia y Kencho Rodríguez fueron designados por concurso? No, sino por recomendación. Y no está mal, en el nivel en que se da, por la confianza que requieren estos cargos.conveniente seguir apoyándolo o no. Pero dejémoslo comenzar en paz.En todo este rollo, Federico Franco tendrá un rol bastante protagónico y realmente por primera vez estoy viendo que el Vicepresidente está ejerciendo la función de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que Federico debe tener en claro es que, en este momento, él no es el Presidente del PLRA, sino el Vicepresidente de la República, por lo que su presencia en el Parlamento debe reflejar los intereses del titular del Ejecutivo, Fernando Lugo, sin dejar lugar a las diferencias políticas que puedan existir entre el número 1 y el número 2.Creo que ciertos bloques del Senado están iniciando mal su relacionamiento con el Ejecutivo, puesto que aparentemente solo existe el "deseo de incidentar" por bagatelas que no requieren trascender al ámbito del escándalo y la lucha política. Se debe dar un voto de confianza a prueba al Gobierno de Lugo, y en todo caso, a corto o mediano plazo, evaluar para analizar si resultaconveniente seguir apoyándolo o no. Pero dejémoslo comenzar en paz y apoyemos sus primogénitas iniciativas.

EL DESAFÍO DE LA DIPLOMACIA PARAGUAYA

La renegociación del Tratado de Itaipú es un reclamo justo y necesario del Paraguay hacia el Brasil y, a lo largo de la campaña electoral del hoy Presidente Lugo, fue una de sus banderas más proclamadas, principalmente desde uno de los principales movimientos que impulsaron su candidatura, Tekojoja (demás está decir que llamativamente ningún representate de Tekojoja ocupa algún cargo referido a esta binacional).
Apenas ha pasado un mes desde que asumió Lugo y en la fecha de ayer se ha dado una reunión sumamente importante en cuanto a este tema: una cumbre entre presidentes y autoridades de ambos países para tratar el tema de Itaipú. Lugo, con su comitiva, presentó a Lula y su equipo una serie de reclamos sobre el tema y, como era de esperarse, aún no se trajo una respuesta concreta al tema. No era de esperarse, porque tratándose de un tema tan antiguo y trascendente para ambos países, una sola reunión no puede rever una injusticia de tantos años, ni tampoco convencer a un poderoso Gobierno de renunciar a tan importantes beneficios económicos, en detrimento de nuestro país.
El Paraguay no puede conformarse simplemente con concesiones de parte de Brasil, puesto que en el Tratado de Itaipú, nuestro país ha cedido su soberanía, que según definen los constitucionalistas y politólogos, es inalienable e inenajenable, valor supremo de una nación.
Aparentemente, Brasil entiende que el cambio de gobierno implica un giro en la forma de encarar Itaipú y, de entrada, los representantes diplomáticos brasileños como autoridades del Itaipú por parte del país vecino, han querido detener toda iniciativa agresiva, aclarando que no están dispuestos a renegociar el Tratado. Sin embargo, estas aclaraciones solo buscan amedrentar a nuestro Gobierno, puesto que las modificaciones que el Paraguay reclama son legítimas y conforme a la equidad e igualdad, principio fundamental del Derecho y las relaciones internacionales.
Mas para lograr este fin, me atrevo a decir que la principal estrategia que el Paraguay tendrá que saber utilizar es la diplomacia. La de Itamaraty, heredera de la astuta portuguesa, se ha caracterizado siempre por la sagacidad para conseguir siempre sus objetivos. La Cancillería paraguaya, encabezada por Hamed Franco, tendrá ahora su oportunidad de oro de mostrar lo que vale, recurriendo a las tácticas propias del arte diplomático y a las herramientas jurídicas del Derecho Internacional, al mejor estilo de una batalla, para hacer valer los intereses de nuestra Nación. Itaipú es una causa nacional. Con la renegociación del Tratado, que se traduciría en multimillonarios beneficios debidos legítimamente a nuestro país, y con una Administración honesta y eficiente, se podría impulsar una reactivación económica que apunte al desarrollo de nuestro país, debido a las grandiosas sumas de que se trata.
Hamed Franco, como Canciller, y Mateo Balmelli, como Director Paraguayo de Itaipú, podrán ser “las estrellas” del Gobierno de Lugo, sin lugar a dudas, si logran el resultado esperado. Por supuesto que no depende solo de ellos, pero son quienes van a la cabeza en este enfrentamiento diplomático que se viene. EL DESAFÍO DE LA DIPLOMACIA PARAGUAYA

La renegociación del Tratado de Itaipú es un reclamo justo y necesario del Paraguay hacia el Brasil y, a lo largo de la campaña electoral del hoy Presidente Lugo, fue una de sus banderas más proclamadas, principalmente desde uno de los principales movimientos que impulsaron su candidatura, Tekojoja (demás está decir que llamativamente ningún representate de Tekojoja ocupa algún cargo referido a esta binacional).
Apenas ha pasado un mes desde que asumió Lugo y en la fecha de ayer se ha dado una reunión sumamente importante en cuanto a este tema: una cumbre entre presidentes y autoridades de ambos países para tratar el tema de Itaipú. Lugo, con su comitiva, presentó a Lula y su equipo una serie de reclamos sobre el tema y, como era de esperarse, aún no se trajo una respuesta concreta al tema. No era de esperarse, porque tratándose de un tema tan antiguo y trascendente para ambos países, una sola reunión no puede rever una injusticia de tantos años, ni tampoco convencer a un poderoso Gobierno de renunciar a tan importantes beneficios económicos, en detrimento de nuestro país.
El Paraguay no puede conformarse simplemente con concesiones de parte de Brasil, puesto que en el Tratado de Itaipú, nuestro país ha cedido su soberanía, que según definen los constitucionalistas y politólogos, es inalienable e inenajenable, valor supremo de una nación.
Aparentemente, Brasil entiende que el cambio de gobierno implica un giro en la forma de encarar Itaipú y, de entrada, los representantes diplomáticos brasileños como autoridades del Itaipú por parte del país vecino, han querido detener toda iniciativa agresiva, aclarando que no están dispuestos a renegociar el Tratado. Sin embargo, estas aclaraciones solo buscan amedrentar a nuestro Gobierno, puesto que las modificaciones que el Paraguay reclama son legítimas y conforme a la equidad e igualdad, principio fundamental del Derecho y las relaciones internacionales.
Mas para lograr este fin, me atrevo a decir que la principal estrategia que el Paraguay tendrá que saber utilizar es la diplomacia. La de Itamaraty, heredera de la astuta portuguesa, se ha caracterizado siempre por la sagacidad para conseguir siempre sus objetivos. La nuestra debe pasar del hueco protocolo a la acción ofensiva-defensiva. La Cancillería paraguaya, encabezada por Hamed Franco, tendrá ahora su oportunidad de oro de mostrar lo que vale, recurriendo a las tácticas propias del arte diplomático y a las herramientas jurídicas del Derecho Internacional, al mejor estilo de una batalla, para hacer valer los intereses de nuestra Nación. Itaipú es una causa nacional. Con la renegociación del Tratado, que se traduciría en multimillonarios beneficios debidos legítimamente a nuestro país, y con una Administración honesta y eficiente, se podría impulsar una reactivación económica que apunte al desarrollo de nuestro país, debido a las grandiosas sumas de que se trata.
Hamed Franco, como Canciller, y Mateo Balmelli, como Director Paraguayo de Itaipú, podrán ser “las estrellas” del Gobierno de Lugo, sin lugar a dudas, si logran el resultado esperado. Por supuesto que no depende solo de ellos, pero son quienes van a la cabeza en este enfrentamiento diplomático que se viene.
En los últimos años, nuestra diplomacia no se ha caracterizado por ser agresiva y obtener resultados importantes y trascendentes para el desarrollo de nuestro país y su posicionamiento en el mercado internacional. Sin embargo, hoy surge esta oportunidad que, a iniciativa del Gobierno de Lugo, se da, y la diplomacia no la debe dejar pasar.

En los últimos años, nuestra diplomacia no se ha caracterizado por ser agresiva y obtener resultados importantes y trascendentes para el desarrollo de nuestro país y su posicionamiento en el mercado internacional. Sin embargo, hoy surge esta oportunidad que, a iniciativa del Gobierno de Lugo, se da, y la diplomacia no la debe dejar pasar.

EL CONTROL DE LOS GASTOS SOCIALES DE ITAIPÚ

El control de los gastos sociales de la Itaipú Binacional no puede sencillamente depender de la voluntad política del director de turno, en este caso, Mateo Balmelli. La transparencia en el manejo de los fondos públicos es una cuestión de estado, propia de toda democracia republicana que pretende ser seria. Invocar el argumento de la binacionalidad de la entidad para evitar el ingreso de los controles propios de la Contraloría, Parlamento o cualquie otra entidad, resulta ilógico y absurdo. Según el discurso eterno de quienes han usado Itaipú como "fondo de intereses partidarios y proselitistas", no se puede violar el Tratado debido a que es una cuestión que atañe a ambas partes del tratado... ¡por favor! ¡Como si fuera que a Brasil le importara lo que nosotros hacemos con nuestra plata de Itaipú! ¡Cómo si fuera que ofende a la soberanía brasileña el hecho de que la administración del lado paraguayo esté sometida a los controles estatales.Resulta, pues, aquella una excusa barata para impedir que el "sol de la fiscalización" entre a alumbrar las penumbras de la administración corrupta. Entiendo que así lo hagan los "tendotás" de turno, con la complicidad de la Corte Suprema (¡para mayor vergüenza!), porque nunca tuvieron la intención de transparentar su gestión y hubiera sido sumamente descarado que, teniendo siempre el deseo de seguir robando, tuvieran la caradurez de exhibir públicamente su robo. Lamentablemente para ellos, y afortunadamente para el resto del pueblo, las elecciones le dieron un tremendo revez y hoy, un nuevo Gobierno de otra filiación política (no digo que sea mejor ni peor... sencillamente hay un cambio de grupo político) viene a destapar la olla a presión que los expoliadores que precedieron hicieron lo imposible para mantenerla tapada.Muchos cuestionan que hoy Mateo Balmelli solamente abra las puertas a las instituciones de control político, jurídico y/o económico para auditar su gestión. Realmente, eso ya es un avance. Sectores críticos a la administración de Itaipú reclaman que los famosos "gastos sociales" sean incluidos, además en el presupuesto, a lo que Mateo se niega, alegando que el prespuesto de la binacional pasa por la aprobación del Consejo de Administración binacional y no por el Congreso. Realmente, creo que una buena auditoría de gestión bastaría, porque la sola aprobación de presupuesto no basta. Desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, la mayoría de las veces tuvimos un Congreso crítico y opositor al Ejecutivo, que aprobó los presupuestos; sin embargo, siempre igual se hizo lo que se quiso, se robó cuanto se pudo y usó la función pública como elemento de clientelismo y prebenda política. El fracaso de la transparencia de gestión desde la democracia no pasa por la efectividad o no del control parlamentario, sino por la eficacia de los órganos de control. En este sentido, uno de los órganos que solamente sirvió de adorno o de catapulta económica y polítca para sus titulares - la mayoría de las veces, cómplices de la corrupción - es la Contraloría General de la República.Estaría más contento sencillamente con una Contraloría más eficiente, honesta, incorrompible, y con la garantía del acceso a la información de todos los entes estatales - binacionales o no -, que no solo dependa hoy de la buena voluntad política de Mateo o Lugo, sino de la voluntad de una ley, que sea respetada y aplicada fielmente por los tribunales.