2 de septiembre de 2010

La primacìa de lo jurìdico sobre lo polìtico, y el caso Nicanor

Una de las definiciones más sencillas del Estado de Derecho es tautológica pero clara: el Estado sometido al Derecho. Cuando surgió el constitucionalismo en su concepción moderna, que data del siglo XVIII cuando Estados Unidos pone en vigencia la propia, se impuso la idea de que ya no existía absolutismo de ningún tipo y que el poder de todo órgano del Estado estaría limitado a lo que las leyes dispusieran.

Desde el punto de vista de la historia, esta concepción de PREVALENCIA DE LO JURÍDICO SOBRE LO POLÍTICO es uno de los saltos al progreso más grande que ha dado la humanidad en su historia, pues significa transitar del salvajismo primitivo a la sociedad normativa organizada. En el Estado de Derecho, siempre lo jurídico debe prevalecer sobre lo político. Para eso existe el Poder Judicial.

Esta concepción republicana fue expandiéndose a todo el mundo y en 1870, nuestro país recoge oficialmente el modelo, como el resto de la región. La estructura básica de la Constitución se puede dividir en dos grandes grupos: la declaración de derechos (parte dogmática) y la organización del Estado (parte orgánica).

Respecto a la organización del Estado, las Constituciones regulan las funciones y atribuciones de cada uno de los Poderes del Estado. Sintetizando, el Ejecutivo administra, el Legislativo dicta leyes y el Poder Judicial... entiende en los asuntos contenciosos e interpreta la ley.

Desde una perspectiva política de pobre entendimiento, el Poder Judicial es el más débil de los poderes, pues sus resoluciones solo se circunscriben a casos particulares y no tienen relevancia para obligar a nivel general. Sin embargo, es el Poder del Estado con más ilimitación de atribuciones. Nada más y nada menos, es el que se encarga de interpretar, con carácter oficial y exclusivo, qué es lo que dice la Constitución y las leyes, y por ende, declarar la inconstitucionalidad de las normas que atentan contra la Carta Magna. ¿Poca cosa, no?

Esta concepción tan amplia y correcta del rol del Poder Judicial como árbitro indiscutible de las controversias es el pilar del Estado de Derecho. Existen las leyes, reglamentos y resoluciones, pero si no existe Poder Judicial para dirimir y decir el derecho (juris dictio, juridicción), la ley es letra muerta. Que lo haga bien o lo haga mal es otra cosa. Esa es su atribución.

Si bien la pionera Constitución Norteamericana no precisaba esto con la claridad que hoy entendemos, en el célebre fallo Madison vs. Marbury (1803), determinó como precendete para la historia del constitucionalismo global, que es facultad del Poder Judicial determinar la compatibilidad de la ley con la Constitución, que es la ley suprema de una nación. Es decir, se instauró el control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial.

A partir de ese entonces, se comprendió el rol ineludable e indubitable de la Corte Suprema, como cúspide del Poder Judicial, para decir cuál es el derecho, para brindar una interpretación juris et de jure de la Constitución.

Partiendo de esta base y del rol que las Constituciones, y por supuesto, la nuestra de 1992, otorgan al Poder Judicial, podemos repetir con el célebre juriste estadounidense y ex miembro de la Corte Suprema de su país, Charles Evan Hughes (1862-1948) lo siguiente: “La Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Podría sonar chocante al oído pensar eso, e inmediatamente nos remontamos a suponer ello como una atribución arbitraria de los magistrados.

Sin embargo, leamos nuestra Constitución Nacional.

Artículo 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICION
El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir.

Artículo 259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
5. conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;

Artículo 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:
1.conocer y resolver sobre la insconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a este caso, y
2.decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución.


La Carta Magna es clara al decir que es el Poder Judicial quien interpreta la Constitución. Eso significa, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”, ellos solo pueden interpretarla, y esto se reserva en nuestro ordenamiento, exclusivamente, a la Corte Suprema de Justicia.

Nos guste o no, es así. Es la esencia del sistema republicano y constitucional.

Sin pretender entrar a juzgar la legalidad o no de la candidatura, juramento o incorporación de Nicanor Duarte Frutos, como Senador activo, hay algo que no podemos eludir.

El Acuerdo y Sentencia Nº 404, dictado por la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Núñez y Pucheta, y el camarista Villalba, es la única interpretación de la Constitución que puede tener fuerza obligatoria en el Paraguay, porque fue a la Corte a quien se invistió con la facultad de interpretar y “decir lo que realmente dice” la Constitución.

Que la Corte haya errado, que se haya extralimitado, que haya actuado en base a intereses políticos, es otro tema. Se discute a través de otra instancia denominada “juicio político” para remover a los ministros por mal desempeño de sus funciones. Eso también es constitucional.

Pero pretender un “más elevado sentido de justicia” por parte del Senado a través del desacato de una resolución judicial de la Sala Constitucional de la Corte, auténtica intérprete de la Constitución, constituye una contradicción en sí misma.

No puede el Senado atribuirse la capacidad de interpretar la norma. La Corte actuó dentro de sus atribuciones, aunque haya podido errar.

Por eso decía al principio que, aunque no parezca un poder fuerte, es el que tiene facultades más ilimitada, pues le corresponde indicar cuál es el derecho y decidir lo que realmente la Constitución dice, como decía el viejo amigo Hughes.

Ante situaciones como estas, se devela el grado de institucionalidad de un país.

¿O acaso el fallo de la Corte norteamerciana en el fallo Bush vs. Gore (2000) no fue injusto para tanta gente y sin embargo se acató?

En los países desarrollados, se respetan las instituciones y se subsanan los errores por las vías correspondientes. No se puede intentar corregir un mal con otro mal, una violación de la Constitución con otra. Por eso, decimos que vivimos en un Estado de Derecho (Art. 1 C.N.), porque lo político (Estado) debe estar sometido a lo jurídico (Derecho). Y de señalar lo jurídico se encarga el Poder Judicial por expresa remisión constitucional.

Sí, la Corte Suprema es la intérprete final de la Constitución y no hay nada que decir.

En el vigente sistema republicano, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Podemos consentir o disentir, no importa. Así es y punto. Desconocer esta realidad y buscar “atajos políticos” equivaldría a profundizar la ya quebrantada y débil institucionalidad que existe en la República del Paraguay.

Estado de Derecho = Estado sometido al derecho = Primacìa de lo jurìdico sobre lo polìtico

Así es y así tiene que ser.

En consecuencia, jurídicamente hablando, a Nicanor le corresponde la banca de Senador activo, en virtud de una sentencia de la Corte. El Senado no puede evaluar una sentencia judicial.


P. S.: Aclaro, a fin de disipar dudas: NO SOY NI NUNCA FUI NICANORISTA. Simplemente hablo desde la perspectiva del Estado de Derecho y la supremacía de la Constitución.

11 de agosto de 2010

El problema es la CORRUPCIÓN

Tras una década bastante a-ideológica como fueron los noventa (tanto ya se habló de eso), entre fines del siglo XX y principios del XXI, se reabrió el debate entre tendencias de pensamientos políticos en Latinoamérica, principalmente tras el advenimiento de gobiernos de izquierda en diversos países de la región.

Más allá de la supervivencia del totalitarismo cubano hasta hoy día, la llegada de Hugo Chávez al poder venezolano en 1999 marcó el inicio de este período de gobiernos socialistas. Obviamos dentro del caso a los diversos gobiernos chilenos de Concertación, que si bien siempre tuvieron un perfil socialdemócrata, no marcó mucho tinte ideológico.

Luego, apareció Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y como último plato, Fernando Lugo en Paraguay. Dentro del círculo radical de esta corriente, solo incluimos a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.


No es mi pretensión inmiscuirme en un análisis profundo y permenorizado de las causas y características de esta tendencia política sudamericana bautizada bajo la frase “socialismo del siglo XXI”, pero sí hacer énfasis en un elemento concreto que hace al discurso de esta corriente.


Las palabras “neoliberalismo” y “capitalismo” como sinónimos de diablo no faltan en el discurso socialista latinoamericano. La razón de esto es que atribuyen sus adherentes a estas dos palabras todos los males de la región, entiéndase, pobreza estructural, miseria, desempleo, crisis económica, salud y educación deficiente, subdesarrollo, inequidad social, falta de distribución de la riqueza.

Como emblema del “capitalismo neoliberal”, como promotor de esta “explotación imperialista”, el socialismo del siglo XXI apunta sus dedos acusadores hacia Estados Unidos, denominado en la jerga “el imperio pitiyanqui”, por haber sido el país que, desde el gobierno de Ronald Reagan, impulsó las políticas de desregulación y no intervención del Estado en la economía, remontándose a los tiempos del liberalismo político y económico del siglo XXI, del laissez-faire. De ahí proviene la palabra “neo-liberalismo”, contra el cual lucha el nuevo socialismo, el del siglo XXI, tras haber fracasado el socialismo marxista leninista de la ex Unión Soviética.

Fundamentan los “neosocialistas” que, a causa de estas políticas económicas de desregulación, privatizaciones, libre mercado y abstención del Estado se permitieron las mayores desigualdades sociales y explotaciones, de las cuales deriva la situación actual y, que un socialismo ultra-estatista brindaría la solución.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que la raíz de los problemas que padecemos NO tiene un transfondo ideológico. O al menos, yo no creo que sea así.

El capitalismo, con todas las virtudes y defectos que tenga, no es la raíz de todos los males, ni el socialismo, la solución a todos los problemas. Me animaría a decir que una determinada tendencia ideológica en lo político (democrática y moderada, por supuesto) no tiene la aptitud per se para producir desarrollo o subdesarrollo.

El problema último y verdadero está en las PERSONAS.

Países con economías de mercado como Estados Unidos y muchos otros europeos demuestran que la condición de vida de sus habitantes es muy superior a la de los países de Latinoamérica.

Con todas las deficiencias y conflictos pendientes que puedan tener, cuentan con un alto nivel de escolaridad, atención médica, empleo, recursos humanos calificados, alta calidad de vida, servicios públicos básicos, infraestructura vial excelente, etc.

No digo que la situación de estos países sea un paraíso. Lejos de eso. Pero tal vez sea un paraíso comparado con nuestra condición. Y lo puedo atestiguar tras haber vivido varios meses en Estados Unidos.

En una proporción mucho mayor a nosotros, allá se cumplen y se respetan las leyes, desde las mínimas.
Tal como decíamos, el problema está en las personas.
Y el cáncer de nuestra región es la CORRUPCIÓN de nuestros habitantes, que abarca desde los niveles de poder más alto como el político y el económico, hasta el ciudadano común y corriente y el estudiante escolar.

No se respetan las leyes.
No se tiene conciencia de apego a las normas, de contribuir al desarrollo con el aporte individual.

Se contamina el ambiente. No se pagan salarios justos. No se brinda presupuesto suficiente a la salud pública. Se hacen “negociados” en licitaciones. Se roba del Estado. Se considera a la política como “fuente de enriquecimiento” express.
Los estudiantes hacen fraude en sus exámenes. No se invierte en educación. Se violan las normas de tránsito. Se evaden impuestos. Se tira basura a la calle.

Ninguna de estos problemas estructurales, que son REALMENTE graves, no tienen que ver con la izquierda o la derecha, con un partido u otro, sino con acciones y actitudes INDIVIDUALES que hacen la diferencia entre una sociedad y otra.

Atribuir estos males al “capitalismo neoliberal” solo facilita una distracción del enfoque los problemas reales y que siendo postergados sine die en el debate de la asamblea social, que somos.

Mientras esto siga pendiente, puede cambiar el color del partido del gobernante de turno, pueden haber mil quinientas elecciones, puede decirse que el capitalismo o el socialismo son los culpables, pero nuestro aplazo en la asignatura “DESARROLLO” seguirá pendiente.

Y ya hace demasiado tiempo que esa reprobación está stand by y nuestra región sigue agonizando.

Repito, EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN.

Más que reformas políticas y sociales, es menester una REFORMA individual.

Interna. Profunda. Real. Espiritual.
Eficaz.

6 de agosto de 2010

¿Diplomacia farsante o condena del terrorismo?


En los últimos días, se produjo una reunión entre el "mediador" Kirchner y el gorila venezolano, Hugo Chávez, a fin de buscar acuerdos de paz en el conflicto Colombia-Venezuela.

El pseudo-secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner ofreció sus buenos oficios para buscar soluciones al diferendo entre los países, a pesar de no ofrecer las mínimas garantías que un mediador debe ofrecer, como ser la parcialidad y capacidad de consenso, palabras antónimas al vocablo Kirchner.

Además, quien ejerce aún cargos en la política local de su país y con aspiraciones presidenciales para 2011, no reúne el perfil necesario que debe tener una figura de la diplomacia multilateral, como lo requiere el cargo que ocupa, aparte de no ser propio de su personalidad el discurso mesurado.

Siendo Néstor Kirchner diputado nacional de su país, presidente del Partido Justicialista y eventual candidato a suceder a su esposa Cristina en el sillón de Rivadavia, ¿qué es lo que podría hacernos creer que lo caracteriza la neutralidad para el rol que pretende desempeñar?


Estando ligado absolutamente a lo interno de Argentina, cuyo Gobierno tiene "excelentes" y "rentables" relaciones económicas con Venezuela (además del caso de la diploma$ia paralela), ¿cómo podría Colombia y el nuevo Gobierno de Santos esperar mucho de la hipocrecía de UNASUR?

La actitud que Kirchner reveló previamentea a la última reunión con Chávez en Caracas no es propia de aquello que pretende ser en medio del conflicto. Llenó de elogios al venezolano, recordando la ayuda comercial que éste dio a Argentina durante su Presidencia y durante la de su esposa.

El problema actual entre Colombia - Venezuela no pasa por una cuestión de antagonismo Chávez-Uribe, derecha-izquierda, pro USA-anti USA, aunque muchos lo hagan creer así. El quid de la cuestión está en la lucha de Colombia contra el terrorismo de las FARC y la cobija y el apoyo que el gobierno de Hugo Chávez a delincuentes de esta organización guerrillera para que se movilicen libremente en su territorio sin desmovilizarse.

Siendo claro, (no pretendo imitar a Bush) es de quienes están con el terrorismo y quienes luchan contra este mal que tantas vidas ya se ha cobrado.

Lo que menos se necesita aquí es un "acuerdo diplomático" hipócrita, donde se firmen papeles pero se siga apoyando a terroristas. No se necesitan las risitas y los halagos de Kirchner a Chávez por la relación comercial que los une, ni una cumbre de adorno donde haya muchas palabras y pocos resultados.


América Latina, Sudamérica, UNASUR, OEA, MERCOSUR o el ente regional que fuere, deben condenar el terrorismo con fuerza, evitar su expansión, y dentro de la "lógica integracionista" de la que tanto se habla, aunar esfuerzos para erradicar este cáncer que azota a Colombia y, siguiendo el discurso chavista bolivariano, a "toda la gran patria latinoamericana".

¿Integración? Pero enserio.

¿Diplomacia? No de palabras hipócritas sino de realidad.

¿Mediador del conflicto? Sí, pero no un socio político-comercial de Chávez.

No hay otra salida VERDADERA más que condenar el terrorismo y rectificar rumbos. Basta de farsas.

26 de julio de 2010

¿Dónde quedó la leche derramada?

En un acto organizado por los movimientos de izquierda, el Presidente Fernando Lugo sentenció: "El 20 de abril del 2008 el pueblo se pronunció diciéndole no a los partidos tradicionales, son partidos del pasado y hoy están llorando sobre la leche derramada".

Sin embargo, luego de las vibrantes internas que los “partidos tradicionales”, entiéndase, el Colorado y el Liberal, tuvieron el 18 y 25 de julio pasados respectivamente, la afirmación del mandatario parece más que fuera de lugar.

A lo largo y ancho de todo el Paraguay, los colorados y liberales acudieron masivamente a elegir a sus candidatos para las elecciones municipales de noviembre próximo y, en el caso de los liberales, a renovar sus autoridades partidarias.

La transparencia y la fuerza con la que estos comicios se desarrollaron merecen el calificativo de fiesta cívica, expresión que acostumbra utilizarse para referir a elecciones limpias y entusiastas.

Dentro del Partido Colorado, prevalecieron los liderazgos regionales de cada localidad y los grandes movimientos nacionales no pisaron con fuerza, como muchos esperaban. En un día de bajísima temperatura y muchísima lluvia, los colorados de todo el país acudieron a las urnas a emitir su voto.

Si bien la participación alcanzó el 30% aproximadamente, hay factores que permiten mirar esa cifra con optimismo: inclemencia del tiempo (en un país no acostumbrado al frío) y llanura política.

Los triunfos más contundentes de esta interna fueron el del Diputado Arnaldo Samaniego, en Capital, con un 58% de votos, y el de la re-electa Intedenta Sandra McLeod, en Ciudad del Este, esposa del vicelíder de Vanguardia Colorada, Javier Zacarías Irún, con un 77% de votos.


En todo el país, los colorados eligieron a sus representantes sin que se observase tumulto alguno, pero sí un alto entusiasmo por el retorno de la A.N.R. al poder.

Asimismo, el Partido Liberal Radical Auténtico celebró sus primeras internas formando parte de un Gobierno Nacional, luego de más de setenta años. Las condiciones climáticas fueron más favorables y obtuvieron un interesante índice de participación de sus afiliados.

La relevancia política de estas internas para los azules sí que era crucial. Se enfrentaron democráticamente dos movimientos luguistas (antagónicos entre sí) con la oposición a Lugo, liderada desde el PLRA por el Vicepresidente de la República Federico Franco.

La voz de los liberales fue clara, en cuanto a ratificar su apoyo al Gobierno, a través de la elección del Senador Blas Llano como Presidente del Partido y a sus candidatos en la mayor parte del país, con nítida diferencia de votos.


Las calles de los municipios, en general, quedaron saturadas de calcomanías y carteles – hecho que no celebro – y la euforia volvió al seno de las carpas coloradas y azules, en el contexto de estas democráticas internas, las primeras desde el triunfo del ex obispo y su asunción al poder.

Al ver estos hechos, cabría preguntarle a Lugo: ¿Dónde quedó la leche derramada de la que hablaba?

La frase suya que citamos, despreciando a los partidos tradicionales, incluía al Liberal, a pesar de haberlo llevado al poder sin que nunca lo haya reconocido con precisión.

Más bien, ante una izquierda salpicada de escándalos que no está demostrando un fortalecimiento político – electoral, en estas elecciones internas contemplamos el rebrotar del bipartidismo en Paraguay, aunque la consolidación o declive de este fenómeno lo confirmaremos en las municipales de noviembre.

Aparentemente, no hay leche derramada sino que sigue en la jarra y bien caliente, Señor Presidente.
No es parte del pasado, sino que, muy posiblemente, la leche que te toca beber.

El bipartidismo resurge y con más fuerza que antes.

22 de julio de 2010

El legítimo derecho de Colombia a denunciar

A la actitud farsante y maquiavélica de Hugo Chávez no queda otras respuesta más que la firmeza. Colombia ya toleró demasiado.

Colombia sufre desde hace años el flagelo de la guerrilla, de un supuesto ejército pseudo-revolucionario que se quedó en el tiempo tras la consolidación de la democracia y se escudó en el pasado para legitimar su red de narcotráfico, terrorismo y delincuencia.

Gracias a la eficiente gestión del Presidente saliente Alvaro Uribe, bajo el lema “Seguridad Democrática” se opusieron numerosos golpes bajos a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que venían imponiendo su terrorismo y manipulando a los gobiernos anteriores al actual.

Afortunadamente, fue electo como nuevo Presidente el ex Ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, que continuará con esta política dura al terrorismo.

Mas la verdad es que el peligro de Colombia en su lucha contra las FARC más que dentro del país, lo encuentra fuera del mismo: en su vecino Venezuela, a través de la nefasta y peligrosa gestión del mandatario pseudo-democrático Hugo Chávez. Demás sería entrar en detalles acerca de sus políticas totalitarias.

Chávez, a lo largo de estos años, demostró su simpatía hacia la guerrilla. En su discurso ante la Asamblea al inaugurar su último mandato, dijo explícitamente que las FARC y el ELN no eran terroristas, sino “Auténticos Ejércitos”, criterio compartido por el ecuatoriano Rafael Correa. Por supuesto, para Chávez no contaban los secuestros, atentados, toma de rehenes que este grupo guerrillero hacía padecer a una sociedad civil que hace mucho tiempo había optado por la democracia y la paz.



Asimismo, Chávez trataba públicamente a Manuel Marulanda como amigo y a las FARC como fuerzas bolivarianas y cuando se disfrazó de mediador, pasó por alto todas los protocolos diplomáticos.

Luego, el Gobierno de Colombia dijo “BASTA” y comenzó a denunciar con hechos concretos el apoyo de Chávez a las FARC en el territorio fronterizo que comparten.

Las respuestas de Chávez inmediatamente fueron el congelamiento relaciones diplomáticas, bloqueos fronterizos, trabas comerciales, agresiones personales (muy a su estilo). Nunca se esforzó por desmentir los hechos. Nunca colaboró con la pacificación de Colombia. Nunca condenó el terrorismo de la guerrilla.

Finalmente, Colombia en la tarde de hoy denunció ante la OEA, en Washington, hechos concretos que demuestran la cooperación que Chávez brinda a las FARC en territorio venezolano. Con pruebas de imágenes y datos satelitales, el Embajador colombiano ante este organismo regional, Luis Alberto Hoyos, expuso ante la luz lo que Venezuela hace en lo secreto.

La reacción de Chávez fue romper formalmente las relaciones con Colombia.

Pero... ¿Por qué se siente tan ofendido el señor feudal de Venezuela cuando que él tanto admira y reconoce a las FARC, como lo dijo en público?

Se sabe que Chávez no tratará de demostrar su inocencia ante la OEA, pues considera que este organismo responde al “imperio pitiyanqui”, según él, a pesar de que todos los países de la región están representados paritariamente como en cualquier foro regional.

No obstante, es evidente que estos hechos denunciados son ciertos y los nervios de Chávez responden al peligro de dañar aún más su imagen internacional, especialmente ante aquellos países que considera aliados a su “Socialismo del siglo XXI”. Es normal que Chávez responda con improperios cuando es criticado o cuestionado, como “buen líder democrático y republicano” que es.


Mientras tanto, Colombia sigue en su lucha y rodeada de países que, en lugar de sumas esfuerzos, colaboran con este mal. Y ya no es tiempo de callar y guardar apariencias falsas.

Afortunadamente, Paraguay sigue vetando el ingreso de esta Venezuela chavista al Mercosur.
Otro mal más... no gracias!



P. S.: No tengo nada contra el pueblo venezolano. Hablo de Venezuela como Gobierno bajo el liderazo de Hugo Chávez.

20 de julio de 2010

Una palabra llamada coherencia... o falsas intenciones debajo de la manga

El diario Clarín, en su versión online, publicó unas expresiones vertidas por la presidenta argentina Cristina Kirchner en su reciente viaje a China. A más de uno, éstas nos dejaron atónitos.

Despidiéndose de China, donde realizó una visita oficial, dijo que los habitantes de este país "han tenido la suerte que nosotros no, de la perseverancia en el tiempo de un mismo proyecto político-económico"










Al leer estas afirmaciones, me pregunté si quien las dijo es la misma persona que yo conocía a través de los medios de prensa. Me cuestioné si la Cristina en China era la misma Cristina que había dicho en una ocasión que "el respeto a los Derechos Humanos es una política de Estado"

¿Cómo podría, de otra manera entenderse que Cristina haya elogiado con semejante expresión entonces a un régimen que se caracteriza por la violación sistemática de los Derechos Humanos?

En cuanto a Derechos Humanos, China tiene saldo rojo. Es objeto de constantes denuncias por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Todos los informes que éstas brindan, resaltan su preocupación acerca del casi nulo avance en materia de violaciones a la libertad de expresión, arrestos sin denuncias, torturas, intimidaciones, intromisiones del Gobierno en la intimidad de las personas, sistema de partido único que no permite el disenso político, etc.
Para el efecto, basta leer uno de los tantos informes que estos organismos hacen circular en Internet.

Por otro lado, desde que los Kirchner llegaron al poder en 2003, se autoproclamaron defensores de estos Derechos Humanos. Promovieron la reactivación de juicios contra represores de la última dictadura militar (1976-1982) por crímenes de lesa humanidad. Se manifestaron públicamente en actos y conferencias repudiando las violaciones de estos derechos y predicando su vigencia irrestrica como política de Estado, según mencionamos. Es más, reprocharon a mandatarios y diplomáticos extranjeros a causa de esto (claro, ninguno provenía de un PAI$ con tantos INTERE$E$).

Si Cristina hubiese elogiado tan solo el proyecto económico de China, vaya y pase. Más allá de las restricciones a la libertad individual, no se puede negar que hoy China está consolidada como una potencia económica y comercial a nivel internacional.

Pero al hablar de la continuidad de un mismo proyecto, Cristina incluyó lo político y lo económico. Es más, alegó que el peronismo y el maoísmo tienen semejanzas de origen.

¿Será que al decirlo, Cristina Kirchner no recordó a las miles y miles de víctimas que fueron torturadas y ejecutadas por la tiranía de Mao Tse Tung y los demás gobiernos comunistas que le sucedieron?

¿Será que no encuentra similitud entre lo que vivió el pueblo chino durante los últimos cincuenta años y aquellos crímenes tan horrorosos de la dictadura militar argentina (1976-1982) que tanto Cristina condena?

¿O acaso su "defensa de Derechos Humanos como política de Estado" es una gran farsa?

Desde el lado en que se lo mire, no hay manera de conciliar los elogios que brindó Cristina al modelo político y económico de China, con su supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos.



Pinochet, Videla, Castro y Mao Tse Tung. La vara justiciera de Cristina distingue entre genocidas de izquierda y de derecha.


En China no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. Allí existe un gobierno totalitario y dictatorial, que no se sustenta en el reconocimiento de la dignidad humana.

Pero claro, es de izquierda y entonces Cristina calla. Lo mismo que con Fidel Castro. Mientras que Videla, Pinochet y otros que incurrieron en las mismas violaciones y provienen de la derecha, por ese solo hecho, se vuelven objeto del monopolio de sus críticas y condenas.
¿Dónde está la coherencia?

Al Cristina elogiar que los chinos hayan tenido la "suerte" de tener la perseverancia de ese proyecto (torturas, arrestos indebidos, ejecuciones ilegales, persecusión política) a lo largo del tiempo, a diferencia de Argentina y Sudamérica (afortunadamente)... nos preguntamos...

¿CUÁL ENTONCES ES SU VERDADERO PROYECTO POLÍTICO?


O esto se trata de incoherencia, o estamos ante falsas intenciones debajo de la manga que, al MAL MENTIROSO, siempre se le escapan.




P.S.: Le transmití estos cuestionamientos al canciller argentino Héctor Timerman, vía Twitter, y a pesar de haber respondido casi todos los tweets posteriores, se abstuvo de hacerlo conmigo. ¿No tendrá nada que decir? ¿O se le cae la cara de vergüenza y tiene que callar por "obediencia debida"?

16 de julio de 2010

La injusta igualación de lo desigual

Ya Aristóteles opinaba que es injusto tratar como igual aquello que no lo es. Y varios valientes senadores argentinos que votaron en contra del matrimonio homosexual se adhirieron a este pensamiento, frente a la avasalladora masa de abanderados del relativismo y su dictadura, que finalmente se impuso por exigua mayoría.

En la madrugada del 15 de julio pasado, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Este acontecimiento estuvo rodeado de muchos escándalos, choques políticos, declaraciones polémicas a nivel religioso, multitudinarias marchas tanto a favor como en contra del proyecto.

El hecho merece una profunda reflexión. Sus defensores celebran el supuesto triunfo de la igualdad por sobre la discriminación, bajo el lema de “los mismos derechos con los mismos nombres”. Sus detractores, entre los que me incluyo, decimos que por esencia, naturaleza y tradición, el matrimonio no puede referirse más que a la unión hombre-mujer.

Bajo el argumento de la no discriminación, se está imponiendo la moda de pretender reconocer “derechos para todos”, cuando que estamos ante dos situaciones absolutamente distintas. La unión hombre-mujer es la condición sine quae non de supervivencia de la especie humana. Es la única que permite la reproducción, pues en la mayoría de los casos, esta relación es potencialmente fértil. Claro, no en todos (ancianos, infértiles, etc.), pero la excepción no hace a la regla.

La existencia del matrimonio como figura legal obedece, por tanto, a razones de orden público. Responde al motivo de un reconocimiento legal de lo que en la naturaleza se halla establecido. Brinda protección a la familia, que de otro modo natural, no podría existir, y otorga beneficios patrimoniales como consecuencia (sociedad conyugal, beneficios sociales, laborales, vocación hereditaria, etc.)

Admitir que sólo esto y nada más que esto es matrimonio no significa cerrar los ojos ante la realidad de un gran colectivo (por sobre todo, en países como Argentina) de personas que adoptaron la homosexualidad. No le estoy negando derechos ni discriminando, ni argumentando el matrimonio en base a una orientación.

Creo en la igualdad de derechos para todas las personas y que nadie puede ser privado de ellos por ninguna razón. Simplemente, explico lo que – segúna una convicción racional – son los caracteres esenciales de una institución, que trasciende lo jurídico y político. Llamar dos cosas diferentes con nombres diferentes no es discriminar.

Para suplir esta situación fáctica – la existencia de parejas homosexuales que conviven – se previó otro instituto jurídico, cual es la unión civil. A través de ella, se garantiza la cobertura de los beneficios sociales y patrimoniales ya mencionados, de modo a que ellas se hallen provistas de la protección legal que reclaman.

Sin embargo, a pesar de haberse presentado un proyecto alternativo con esta figura, por medio de maniobras políticas su tratamiento legislativo fue bloqueado y se impuso en la agenda el tratamiento del matrimonio homosexual, el cual finalmente prosperó. Ellos consideran que el mantener dos instituciones similares acentúa la discriminación.

Incorporar bajo el concepto del matrimonio a aquellas parejas estables de personas del mismo sexo es derribar la esencia sagrada y natural del mismo. Es forzar que algo que NO ES, sea. Es socavar un fundamento de la sociedad. Es querer igualar lo que es distinto, diferente, desigual.

La ley del matrimonio homosexual comete esa injusticia, en contra la mayoría en el colectivo social. Llama de la misma manera a dos situaciones que, de ninguna manera, lo son. Que no son iguales ni pueden serlo. Con ello, además, nos impone a todos un pensamiento que no queremos tener.

Y lo peor de todo... condena a los niños que en el futuro se adopten a crecer bajo una paradigma social de familia opuesto al que la naturaleza dispuso, bajo una concepción de la sexualidad contraria a aquella que los hizo concebir.

Es una degradación moral de la sociedad.


"NO SE PUEDE IGUALAR AQUELLO QUE NO ES IGUAL"

27 de junio de 2010

Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Rara vez me hubiera imaginado que se daría el contubernio colorado-liberal-luguista que se dio en las negociaciones para mesas directivas de las Cámaras del Congreso, en condiciones poco claras de un acuerdo del que no se tiene ninguna versión oficial completa.
Pero lo hecho, hecho está. Oscar González Daher y víctor Bogado, ambos colorados de extracción nicanorista, presiden las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, ocupando las vicepresidencias liberales e izquierdistas, y dejando afuera del paquete a los colorados "castiglionistas", patriaqueridistas, liberales franquistas y quién sabe, si también los del UNACE, cuya situación finalmente en el Senado no es fácil de comprender (no ocupan cargos directivos, pero apoyaron la candidatura de González Daher, aunque en Diputados fueron absolutamente excluidos de todos los cargos).

Una conclusión a la que podemos llegar "a priori" es que nuestro Congreso es una ensalada rusa. Desde el principio de este período parlamentario 2008-2013, se supo que ningún grupo constituía mayoría por sí mismo y que sería imprescindible alcanzar acuerdos. Sin embargo, la forma en que se fueron combinando estas bancadas parecería que compite con la combinación de colores de un cubo de Rubik.

Repasemos algo:

2008
CAMARA DE DIPUTADOS: se consolida una mayoría entre los liberales (unificados) y el oviedismo, llevando a la presidencia de Diputados a Salyn Buzarquis (entonces, un luguista moderado), pero para la Vicepresidencia 1.ª, los oviedistas jugaron a dos puntas pues, aliados a los colorados, eligieron al entonces nicanorista Mario Soto Estigarribia.

SENADO: El oviedista Enrique González Quintana es electo Presidente del Senado y, por ende, del Congreso Nacional, con votos liberales, luguistas y colorados. Sin embargo, para la integración de comisiones, se fortalece la alianza oviedista-liberal.

2009
CÁMARA DE DIPUTADOS: los liberales y los oviedistas continúan el acuerdo, reeligiendo a Salyn Buzarquis al frente del cuerpo. Esta vez el pacto entre estos grupos políticos es pleno, debido al rompimiento con la ANR.

SENADO: se produce un fenómeno novedoso. Los colorados, en conflicto con el UNACE, formalizan un acuerdo sobre los 45' entre colorados (excepto dos ultranicanoristas, Rogelio Benítez y Mami Roa), patriaqueridistas, luguistas de izquierda y el liberal antiluguista Alfredo Jaeggli. Si bien no constituyeron una mayoría propia, con la aveniencia de dos liberales disgustados con el UNACE, se llevó a la presidencia del Congreso a Miguel Carrizosa y se divieron el resto de los cargos entre colorados y socialistas.

2010
CÁMARA DE DIPUTADOS: la incertidumbre es mayor, puesto que Buzarquis pidió permiso en su cargo para dedicarse a su compaña electoral y asumió en su reemplazo el diputado Ariel Oviedo, del UNACE. El liberalismo se encontraba claramente dividido en tres facciones: franquismo, llanismo y efrainismo, estas dos últimas aliadas al Gobierno. Sin embargo, a causa del disgusto con el oviedismo que hasta el momento era necesario para conformar mayoría, se dio un inusual acuerdo que llevó a Víctor Bogado, del ala dura del nicanorismo, a la presidencia de Diputados, secundado por dos liberales en la Mesa Directiva.

SENADO: el acuerdo firmado en 2009, proyectado para varios años queda hecho trizas, al no reunir los 23 votos de la mayoría absoluta, por lo cual, los colorados nicanoristas dejan de lado la posibilidad de apoyar al castiglionista Juan Darío Monges para la Presidencia del cuerpo. Para sorpresa de todos, se repite el acuerdo de la Cámara de Diputados y se lleva a la Presidencia del Senado al colorado Oscar González Daher, acompañado por un liberal y un izquierdista.

De esta manera, por primera vez desde el año 1998, dos colorados presiden las Cámaras del Congreso.

Parece una película, pero las negociaciones de Mesa Directiva en el Senado son una verdadera subasta impredecible y ni siquiera revisten mucha relevancia los cargos, salvo los casos de que el Presidente y Vicepresidente de la República abandonen sus cargos por A o B motivo y asuma la Jefatura de Estado el titular del Congreso, como ocurrió con González Macchi en 1999.

Lo que resulta más llamativo es que el coloradismo haya pactado con sus rivales más resistidos: los liberales y los izquierdistas, y que los colorados ahora electos provengan del sector más criticado del Partido: el nicanorismo. ¿O no recuerdan los liberales que para desalojar a Víctor Bogado de la presidencia de ese cuerpo es que hicieron un polémica elección con otros aliados, donde se agarraron a trompadas unos y otros y se encontró al mismo Bogado bajando la llave de la energía eléctrica?

Por eso, concuerdo con el diputado Justo Zacarías Irún, cuando decía que no quería que "cualquier colorado" llegase a la Presidencia de la Cámara, sino un buen colorado.

Este acuerdo ofende a la dignidad de los sectores políticos, pues TOM y JERRY hicieron unas supuestas paces y falsas alianzas, sin ningún fin muy provechoso, dando un oxígeno necesario a Lugo, mas omitiendo claridad y publicidad a las condiciones reales de este contubernio y las repercusiones que podría tener, en un año electoral como es éste.

Se habla de que el "paquete de acuerdos" incluye las vacancias en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las embajadas en países limítrofes, la elección de Fiscal General del Estado, Contralor, ingreso de Venezuela al MERCOSUR, adhesión de Paraguay a la UNASUR, acuerdos para las binacionales, etc.

No obstante, ACLARO: versión oficial y definitiva sobre esto, hasta la fecha, NO HAY.

Podría darse el caso de que el único beneficiado de todo esto es Fernando Lugo, al haber tocado de vuelta la llaga del "internismo" de los partidos tradicionales, pues tanto a nivel de coloradismo como de liberalismo, ya se habla de entreguismo, dignidad, sapos, traidores, etc.

Lo claro y concreto es que LUGUISTAS y ACÉRRIMOS ANTILUGUISTAS se encontraron un cálido y sorprendente abrazo en los pasillos del Congreso, que brinda mayor incertidumbre al escenario político que nos toca vivir.

En fin... y ahora, ¿quién podrá defendernos?

5 de junio de 2010

El desbloqueo de las "listas sábana" en Paraguay

El sistema electoral que nos rige en Paraguay requiere de formas que consoliden y fortalezcan la democracia. Reformas a nivel constitucional y legal.

El tema se encuentra en la "picota" actualmente, debido al estudio y próximo tratamiento en el Senado de los proyectos de ley presentados desde diversos sectores políticos a fin de desbloquear las llamadas "listas sábanas", que se utilizan para los cargos colegiados.

Para iniciar, partamos por entender cuál es el sistema electoral que nos rige, de acuerdo a la Constitución Nacional de 1992.

Al Presidente y Vicepresidente de la República se los elige en una fórmula conjunta por mayoría simple de votos (no se requiere que sea mayor al 50% de votos). A los Gobernadores departamentales e Intendentes municipales se los elige por vía unipersonal y resulta electo también el candidato que alcance mayoría simple de votos.

En cuanto a los cargos colegiados, se elige a través del sistema de "lista sábana", es decir, cerrada o bloqueada. Esto afecta a los senadores, diputados y concejales.

¿Qué significa esto?
Los partidos o movimientos políticos inscriben una lista con candidatos para cubrir la totalidad de los cargos a elegir. Por ejemplo, si el Senado se compone de 45 miembros, cada partido o movimiento presenta una lista de 45 candidatos ordenados de acuerdo a un determinado orden, que se seguirá para ir asignando los candidatos que sean electos, de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo la lista de candidatos. A mayor cantidad de votos, mayores candidatos de dicha lista resultarán electos, de acuerdo al orden en que se encuentran en la misma. Para determinar la cantidad de bancas que corresponderá a una lista (partido o movimiento), en Paraguay se utiliza el sistema proporcional D'Hondt, acerca del cual no voy a entrar en detalles ahora.

Esto implica que el votante solo puede elegir una lista de candidatos por la cual votar, sin poder elegir a qué senador votar individualmente.
De forma total, este sistema no se puede modificar, salvo que se reforme la Constitución Nacional.

Como paliativo a esta situación, se pretende desbloquear las listas cerradas, a fin de darle un mayor espectro de elección al votante.
El Senado tiene en sus manos tres propuestas de modificación al respecto actualmente: el proyecto Estigarribia, el proyecto Patria Querida y el proyecto Ovelar-Velázquez que, con algunos detalles de diferencia, apuntan al mismo fin.

Las propuestas buscan que, dentro de la lista cerrada que presentan los partidos o movimientos, el elector pueda modificar el orden de los candidatos en las mismas. Es decir, si el candidato de mi preferencia en una lista se encuentra en el puesto Nº 20, por tanto, con poquísimas chances de ingresar, pueda acceder por el voto popular al lugar Nº 1 de la lista.

Luego, al momento del conteo, de acuerdo a la cantidad de voto que haya tenido dicho candidato en esa lista, su posición en la misma va subiendo de número, con mayores chances de ingresar.

Esta reforma es más que necesaria. Todos sabemos que en muchas de las listas, o aquellas en las cuales votamos, siempre tenemos un candidato al cual nos interesa más elegir que otros, o más bien, hay algunos a los cuales no quisiéramos votar.

Las campañas electorales muchas veces se basan en la figura del candidato con menor chance de ser electo, cuya imagen es utilizada en volantes y afiches. Y, a la hora de la verdad, el votante nada puede para que dicho candidato ingrese, salvo movilizar una "gran masa de gente" para que dicha lista obtenga un arrasador resultado. Claro, pero para este fin tiene que "tragarse" una larga lista de candidatos desagradables.

Con el desbloqueo de las listas cerradas, si bien no se solucionará todo el problema de raíz, se cooperará con el mejoramiento de nuestro régimen electoral, pues el votante tendrá derecho a elegir al candidato de su preferencia DENTRO de una lista y aquel podrá ascender su posición en la misma y, en caso de obtener muchos votos, ser electo.

La solución final y real se lograría con una reforma aún mayor, que solo puede hacerse a nivel Constitución.

No se puede elegir a los 45 miembros de una Cámara del Congreso como es el Senado, en única vez y con una lista nacional.
Nunca podría el elector así tener conciencia de quiénes son todos los candidatos que integran su lista y votar a conciencia.
Quienes finalmente ejercen el rol legislativo son los parlamentarios electos, no los partidos o las listas. No descalifico el rol de los partidos al hacer esta afirmación, sino expresar una realidad.

Ayudaría bastante que las elecciones legislativas impliquen solo una renovación parcial del cuerpo de las Cámaras, como ocurre en la mayoría de los países.

Con las elecciones presidenciales, debería renovarse la mitad del Congreso y, a mitad del mandato presidencial, la otra mitad del Congreso.

Esto serviría para mejorar la situación de las "listas sábana", pues la cantidad de cargos a disputar sería menor, así como se utilizaría como un termómetro político de la gestión del Presidente de la República.

Vale aclarar que la situación más agravada de las listas sábana se da con la elección para los miembros de la Cámara de Senadores, pues 45 BANCAS se disputan en una ÚNICA ELECCIÓN, dándose solamente la oportunidad de elegir a una LISTA DE 45 CANDIDATOS enumerados en un orden predefinido, sin posibilidad de darle prioridad al candidato de preferencia.

La elección de diputados no sufre una situación tan similar, puesto que como se elige representantes por departamentos, los cargos a disputar son más escasos y, por ende, los candidatos también. El elector vota más por los candidatos que por la lista, en dicho caso.

Esperamos con ansias que el Congreso Nacional tenga la valentía de dar este paso al frente en beneficio del fortalecimiento de la democracia paraguaya y así tengamos un sistema de votación más justo y representativo.

3 de junio de 2010

El Kirchner internacional

¡Quién lo hubiera dicho!
El bravucón mandamás de la política argentina, Néstor Carlos Kirchner, ungido como referente de la diplomacia sudamericana al ser electo Secretario General de la UNASUR, organismo sin existencia jurídica real por no haber sido aprobada por los Congresos de todos sus países miembros.

Parecía un chiste o un gran show montado escucharle a Kirchner hablando como un diplomático buscador de consensos. O al menos, parecía otra persona de la que conocemos a través de sus confrontativas y polarizadas declaraciones.

Kirchner visitó Paraguay el día de ayer para reunirse con Lugo y parlamentarios paraguayos, con el fin de avanzar hacia la aprobación del Tratado constitutivo de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

Se reunió con Lugo y fiel a su estilo "amigable" con la prensa, huyó de la Conferencia de Prensa en el Palacio de López, que había sido anunciada. Sin embargo, brindó declaraciones a la prensa al salir de la reunión que mantuvo en el Congreso con legisladores y el Vicepresidente de la República, Federico Franco.

A pesar de haber sido muy criticado y cuestionado con relación a su cargo, el rol de UNASUR y la influencia de Hugo Chávez en el organismo, Kirchner dijo que la reunión había sido "absolutamente positiva".

Cabe señalar que los legisladores criticaron la injerencia de Chávez en asuntos internos de los países, la carrera armamentista de los países del bloque y el rol de UNASUR como organismo alineado a dichos fines.

No sé si el Kirchner internacional tomó una aspirina o qué ocurrió, pero su serenidad y espíritu conciliador no son propios del Kirchner argentino, acostumbrados a frases que desatan la crispación.

Son más comunes en la boca de este personaje de la política argentina ahora, regional, frases como "la máquina de impedir", "la ultraderecha", "el monopolio Clarín", "partido judicial" y otras similares, para referirse a quienes son opositores y críticos al Gobierno de su esposa, Cristina Fernández.

También resultó llamativa la referencia que hizo a que oficialismo y oposición son normales en los países y la importancia de la búsqueda de los consensos para el progreso de la región.

Me pregunto: ... ¿acaso esa es la realidad que vive Argentina bajo el liderazgo político de él y su esposa?

¿Acaso Kirchner respeta a la oposición? Si cuando tuvo mayoría parlamentaria, se encargó de "ningunearla", como dicen los argentinos... y cuando la perdió, como ahora, se encarga de defenestrarla y descalificarla constantemente.

¿Qué antecedentes de diplomacia y conciliación tiene Kirchner para venir a pretender dar cátedras a los pueblos y pretender una unidad sudamericana basada en el "consenso", cuando su liderazgo político lo que menos tiene es consenso sino autoritarismo?

En síntesis, fue bastante simpático escuchar palabras tan conciliadoras de alguien como Kirchner, las cuales, para quienes conocemos su estilo, serían aptas para una ronda de chistes, o para creer que proviene de una persona distinta.

Este será, tal vez, el Kirchner internacional. Otra persona.

2 de junio de 2010

¿La faceta "dialoguista" de Lugo?

Sería algo contradictorio criticar la falta de iniciativa de diálogo por parte de Lugo con los representantes de los principales partidos políticos del Paraguay con representación parlamentaria y, a la par, descreer de sus buenas intenciones cuando lo intenta, como ocurre desde la semana pasada, con su visita al Partido Colorado y esta semana, al UNACE, dos de los bloques más opositores a su Gobierno.

Sin embargo, opto por el beneficio de la duda, al entender que la iniciativa de diálogo no parte precisamente de una vocación democrática y búsqueda de consensos, sino por una exigencia impuesta por la necesidad de gobernabilidad que, de acuerdo a la Constitución de 1992 que nos rige, no se puede lograr sin el apoyo del Congreso.

Los congresistas dieron en los últimos meses claras señales de alarma a Lugo sobre la distancia y el desprecio que éste demostraba hacia ellos.

Lugo no puede negar que lo hizo.
Aunque no haya usado el vocablo "conspiración", como dijo a los periodistas, es verdad que acusó de ello a Lino Oviedo, del partido UNACE, y a Nicanor Duarte Frutos, ex presidente colorado.

Es verdad que en el lanzamiento de la alianza de los sectores de izquierda con miras a lss elecciones municipales, año 2009, dijo ante esa audiencia, que los partidos políticos lloraban la lecha derramada, tras la derrota del coloradismo el 20 de abril de 2008, sin especificar a qué partidos se refería y cuáles excluía.

Es verdad que dirigentes de izquierda CERCANOS a su Gobierno instaron en el acto de lanzamiento del Frente Guasu, con presencia de Lugo, a barrer con el Parlamento y colgar en la plaza pública a senadores como Jaeggli y Galaverna.

Es verdad que Lugo simpatiza con el nuevo régimen totalitario de Sudamérica, la Venezuela bajo el mando chavista, donde se cercenan las libertades políticas y se perseguen a dirigentes opositores, bajo una hegemonía absoluta de Hugo Chávez.

Por estos motivos, no se puede observar con demasiada imparcialidad e ingenuidad un llamativo y sorpresivo acercamiento del titular del Ejecutivo, acompañado de López Perito y Lilian Soto, a los partidos políticos, con la supuesta máscara de presentar un proyecto de reestructuración del Poder Ejecutivo, cuya veracidad no pongo en tela de duda.

¿Cómo se puede entender que quien dijo que los partidos políticos "lloran por la lecha derramada", se refirió a sus líderes como retrógrados y retardatarios, y haya despreciado la legitimidad de la "democracia representativa" hoy proclame que los partidos son "el baluarte de la democracia"?

Lugo sabe que necesita del apoyo parlamentario para decisiones trascendentes que no pueden seguir esperando: las vacancias en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las embajadas en los países del MERCOSUR, el nombramiento de Contralor General de la República y Fiscal General del Estado, próximamente, además de sus propuestas impositivas y los proyectos que necesita aprobar para llevar adelante su gestión.

Los hechos anteriores hacen dudar de la sinceridad de Lugo. En aquellas ocasiones, las palabras vertidas fueron expresión espontánea de sus íntimos pensamientos. Se sabe.
Y una reunión en el local del Partido Colorado o de UNACE no borran esos sucesos.

La oposición deberá tomar con cautela, "con pinza", este acercamiento del Ejecutivo y entablar una mesa de diálogo a fin de dar impulso a las necesidades básicas que Lugo tenga para su gestión, como ser las vacancias mencionadas, pero no debe "pecar de ingenua" al confiar demasiado en el "diálogo", pues podríamos en tal caso recordar la historia del lobo que se disfrazó de Caperucita y terminó comiendo a la abuela.

19 de mayo de 2010

La Cristina del 2000 y los DNU

La falta de coherencia en las personas en cuanto a sus opiniones y posturas, dependiendo de la posición en que se encuentran, revela el oportunismo y la hipocresía de su personalidad.

Este criterio podríamos aplicar al cambio de pensamiento que observamos en la actual presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando vemos la diferencia entre las expresiones vertidas sobre la regulación de los DNU cuando era diputada opositora en el año 2000, y cuando es senadora oficialista y Presidenta de la Nación.

Tal vez, Cristina y los kirchneristas tengan amnesia a la hora de recordar el nombre de la diputada peronista que, durante el gobierno de De la Rúa, presentó un proyecto sumamente restrictivo de la facultad excepcional del Poder Ejecutivo de dictar los polémicos decretos de necesidad y urgencia. Porque tal proyecto creaba realmente el marco propicio de regulación parlamentaria cuando el titular del Ejecutivo hacía uso de esta Facultad, para evitar los abusos que hoy vemos que comete quien, en otros tiempos, bregaba contra los mismos.

Me llamó la atención leer cuando el proyecto CFK 2000, en su Art. 7, exigía que los DNU deberían expresar claramente cuáles eran las circunstancias excepcionales que hacían imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. También, el Art. 24, que establecía el plazo de 30 días para que el plenario de las Cámaras lo tratase y aprobase, tras obtenerse el dictamen de la Comisión Bicameral, pasado el cual el DNU perdería vigencia y todo efecto.

Lo más llamativo aún es la exposición de motivos que Cristina hacía de su proyecto, porque allí se observa su pensamiento al respecto. En la misma, se puede leer a la entonces diputada decir: “En el lapso que va de 1989 a 1999, se observa una desnaturalización de la figura, llevando el número a aproximadamente 308, demostrando ello una verdadera ruptura del principio de división de poderes... Así, el Poder Ejecutivo continúa legislando en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas y la consecuente inseguridad jurídica”.

Cuando uno lee este escrito, pareciera que hubiese sido escrito por algún dirigente opositor como Elisa Carrió, Graciela Camaño o Gerardo Morales. Cuesta creer que la proyectista fue la entonces diputada opositora Cristina Fernández de Kirchner, y por seguridad, me remito a los archivos de la Cámara de Diputados de la Nación, expediente Nº 6876-D-2000, de fecha 25 de octubre de 2000.

Un lector ingenuo desconocería que la misma redactora de este texto fue la proyectista de la hoy Ley Nº 26.122, del año 2006, que contradice la letra y el espíritu del proyecto CFK 2000. Sin mucho análisis, es claro que la diferencia entre CFK 2000 y CFK 2006 esconde obvias razones. La del 2000, era una diputada opositora y disidente dentro de su propio partido. La del 2006, era una senadora oficialista, esposa del entonces Presidente de la Nación, a quien sucedió. La del 2000 defendía la Constitución. La del 2006... cada uno quite su conclusión.

¿O de qué manera se podría justificar que en el proyecto CFK 2000, el DNU requería aprobación de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 30 días, pasado el cual perdía validez, así como los efectos causados por el mismo, y en el proyecto CFK 2006, vigente como ley, se requiere el rechazo de ambas Cámaras para derogarlo, y además, salvaguardando los derechos adquiridos bajo su vigencia?

Afortunadamente, el Congreso con mayoría opositora, hoy está a pasos de sancionar una nueva ley de reglamentación de esta “práctica perversa”, siguiendo textuales palabras de CFK en el año 2000. Entre paréntesis, hubiese sido interesante e irónico que el proyecto en estudio fuese el mismo que la Cristina del 2000 presentó.

Vetar la futura ley, como amenazan legisladores oficialistas, sería un acto de caradurez extrema de la Presidenta de la Nación que, de alguna manera imposible, debería tratar de justificar.

27 de abril de 2010

Las relaciones entre Lugo y el Congreso

Es sabido que las relaciones entre la administración de Fernando Lugo y el Congreso no son las mejores, marcadas por un fuerte sentido de polarización ideológica. Han sido numerosos los cruces de opinión y las confrontaciones donde quedaron marcadas las diferencias, y desde el 20 de abril, se supo que el oficialismo no contaba con mayoría parlamentaria propia.

No ha faltado desde los sectores de izquierda afines al Gobierno quienes amenazaron desde el primer momento, con “barrer”, “limpiar” o disolver el Congreso, por supuestamente representar los intereses de la “derecha neoliberal o corrupta que quiere defender sus privilegios”. Muchos de estas declaraciones ocurrieron con la presencia del propio Lugo, quien de esta manera, hizo honor a la frase popular de que “quien calla otorga”. Demás estaría entrar en detalles sobre adjetivos, con clara señal de importación chavista.

Sin embargo, es interesante observar cuál ha sido la conducta del Poder Legislativo fuera de lo mediático, sino a la hora de tratar proyectos de urgencia remitidos por el Ejecutivo.

¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó millonarios créditos del plan anticrisis presentados por el ministro Borda? ¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó las ampliaciones presupuestarias a fin de dotar de mayores equipamientos a los organismos de seguridad del Estado? ¿O no fue el Congreso quien dio el acuerdo a la mayoría de candidatos a embajadores, directores de entes, o para el ascenso de policías y militares? ¿O quién aprobó el estado de excepción solicitado por el Congreso?

Por supuesto, del mismo modo, también ha negado dar el acuerdo a candidatos a embajadores propuestos por el Presidente, por no contar los mismos con la confianza de los legisladores. Asimismo, no dio lugar a las ampliaciones presupuestarias para el Gabinete Social, ante la fuerte sospecha de que el dinero se utilizaría no para inversiones sociales, sino como método de prebenda política y financiación de la izquierda.

Pero Lugo no tiene ni tuvo una mayoría oficialista en ninguna de las Cámaras y, en consecuencia, no puede pretender más apoyo del que logró el Congreso. Debe recordar que nuestro sistema constitucional actual brinda protagonismo al Parlamento y, si pretende alcanzar aunque sea una gobernabilidad relativa, debe dejar de lado su orgullo y desprecio hacia el Legislativo, para poder negociar los espacios y decisiones que actualmente están trabados en el ámbito parlamentario, debido a la hostilidad hacia el Congreso, que cada tanto inician el Jefe de Estado o sus simpatizantes políticos, sin que el mismo se pronuncie para descalificarlos.

No puede pretender un Congreso ciego que firme cheques en blanco a una administración que, por las manifestaciones de sus allegados, no perfila una proyección muy democrática, en sintonía con Chávez y sus alineados.

Más allá de que sectores de izquierda se rehusen a reconocer la representación popular legítimas que ostentan los actuales senadores y diputados, electos el mismo día que Fernando Lugo, cada quien que ocupa un escaño hoy cumple un mandato popular, a diferencia de otros, quienes autodenominándose “defensores de los intereses del pueblo”, no lograron la confianza popular para acceder a las bancas parlamentarias ni siquiera en el último lugar de la lista. ¡Vaya representación popular que tienen!

De manera que una posibilidad de mayor armonía entre Lugo y el Congreso dependerá del hecho que el Ejecutivo reconozca la legitimidad democrática de los integrantes del Poder Legislativo y la necesidad imperiosa de lograr acuerdos con el mismo, para garantizar gobernabilidad.

5 de marzo de 2010

El error de Cristina y la crisis política en Argentina

El discurso que la presidenta Cristina Kirchner brindó ayer, 4 de marzo, en la Casa Rosada ante un grupo de productores resultó bastante confrontativo y despertó en mí el interés en el análisis de la crisis política, y los planteos tanto del oficialismo como de la oposición.

El conflicto se originó a partir de la decisión presidencial, vía decreto de necesidad y urgencia (con fuerza de ley), de utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el pago de la deuda externa con vencimiento en el año 2010. Primeramente, a través del Decreto Nº 2010/09 (Fondo del Bicentenario), que fue derogado tras la intervención judicial, y luego, a través del Decreto Nº 298/10 (Fondo del Desendeudamiento).

La oposición reaccionó con furia ante estos hechos, debido a que - aluden - no se justifica el dictado de decretos de necesidad y urgencia para tomar estas medidas, pues corresponde al Congreso decidir sobre esto y no a la Presidenta, constituyendo este hecho un avasallamiento de las atribuciones constitucionales de las Cámaras Legislativas, puesto que no se daba la presupuesto para el dictado de los mismos, al no ser imposible seguir los trámites parlamentarios para el dictado de leyes.

Ambos decretos fueron objeto de medidas cautelares judiciales, impulsadas por la oposición, para suspender sus efectos, con la diferencia de que el decreto actual ya tuvo sus efectos, al haber transferido el BCRA los fondos al Ministerio de Economía y efectuado un pago de la deuda con organismos internacionales.

Además de esto, la oposición asegura la derogación del nuevo decreto, imponiendo la nueva mayoría que por mandato popular ejercen, además de denegar el acuerdo para la confirmación de Mercedes Marcó del Pont como titular de la banca central, por haber ejecutado estas órdenes del Ejecutivo argentino.

En referencia a toda esta situación, Cristina brindó ayer su discurso, cuestionando fuertemente la actitud obstruccionista de la oposición y la intervención desmedida del Poder Judicial, según su criterio.

En medio de las críticas, desafiño a la oposición a que exponga cuál es su alternativa para el pago de la deuda externa si no es con las elevadas reseervas del Banco Central, que - dijo - crecieron notablemente bajo la administración de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. Esto lo mencionó, teniendo en cuenta que los recursos del Presupuesto 2010 serían insuficientes para hacer frente a los compromisos con acreedores internacionales.

El discurso fue enérgico y me hizo reflexionar. No soy economista, aclaro, así que la postura que pueda adoptar sobre la cuestión de fondo - el uso de reservas para el pago de la deuda externa - no será demasiado criterioso.

Cristina expone una situación aparentemente crítica, que requiere de decisiones para evitar un nuevo "default" de la deuda. La oposición se enfurece ante el atropello de las atribuciones del Congreso. Y más que buscar salidas a los problemas, estamos frente a una sangrienta guerra política entre el oficialismo y la oposición.

Lo que, a mi juzgar, Cristina ignora, es que ella y el oficialismo desataron esta contienda, y eso genera la venganza política de una oposición pisoteada bajo la era Kirchner.

¿Cómo puede justificar no haber enviado un proyecto de Ley al Parlamento para tratar estos temas? ¿Cómo puede convencer que sea IMPOSIBLE y no poco conveniente al Ejecutivo seguir el trámite ordinario para el dictado de leyes? ¿Cómo argüir que se dan los presupuestos constitucionales para un DNU?

No hay manera de entender esto, a menos que asuma que no recurrió al Parlamento porque sabía que existe mayoría opositora y que tendría que ceder demasiado a cambio de tener alguna posibilidad de avance, y esta actitud no es democrática.

Si el Congreso es hoy opositor, es porque el pueblo argentino así lo quiso. De Narváez, Carrió, Reutemann, Michetti, Menem, Solanas, Sanz, Morales, etc. no son mayoría autoimpuesta sino votada, y aunque sea un trago amargo para Cristina, no lo puede eludir. Es el Congreso y punto, a ellos corresponde el Poder Legislativo de Argentina.

Ante el atropello institucional de Cristina con el dictado de decretos-ley injustificados, no puede pretender lidiar con una oposición pacífica, porque fue golpeada. No puede pretender Cristina evitar las consecuencias de un conflicto que ella creó al abusar de sus atribuciones.

Tal vez Cristina esté en lo cierto al pretender usar las reservas del BCRA para el pago de la deuda. Algunos están en contra, porque alegan que generaría una inflación excesiva. No sé... no soy economista y prefiero no opinar sin fundamento.

Pero lo que sí es cierto es que este conflicto fue generado por la actitud autoritaria y hostil del Poder Ejecutivo hacia una mayoría parlamentaria democrática y ahora, el panorama en el ajedrez político se perfila complicado. Requerirá de mucha sabiduría, prudencia y capacidad de diálogo en ambas partes para rever la situación. Ojalá se pueda.

2 de marzo de 2010

Obstinación empedernida

El gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina no logra la resignación por haber perdido la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación y, en virtud de ello, pretende gobernar sin el Poder Legislativo, avasallando sus atribuciones a través del abuso y la desnaturalización de facultad extraordinarias que la Constitución Nacional Argentina otorga al titular del Poder Ejecutivo, como lo son los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

A fines del año 2009, habiendo transcurrido pocos días de iniciarse el receso parlamentario constitucional, con mayoría opositora en ambas Cámaras, la Presidenta Fernández de Kirchner dicta el Decreto Nº 2010/2009, de "Necesidad y Urgencia", por el cual se modifica la Ley Nº 23.928 - Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina - y se creaba el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad", sin justificar debidamente que haya sido IMPOSIBLE seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes, como lo establece el Art. 99 inc. 3 de la Constitución Argentina.

Como es obvio, esta actitud presidencial fue calificada de anticonstitucional por la oposición, debido a que una decisión de esta naturaleza debió haber sido adoptada por el Congreso, cual es el trámite para la sanción de las leyes según la Carta Magna, más aún cuando fue dictada tan solo a pocos días del inicio del receso y pudiendo la Presidenta convocar a sesiones extraordinarias del Congreso.

Ante la imprevisión jurídica del Congreso para autoconvocarse, legisladores opositores apelaron judicialmente el DNU, logrando la suspensión de sus efectos como medida cautelar, aguardando para poder pronunciarse cuando se reiniciara la actividad parlamentaria, debido a que contaban con la mayoría suficiente en cada Cámara como para poder derogarlo.

Ante este hecho, el orgullo de la Presidencia no se permitió una derrota ni retroceder, así que derogó con vergonzosos considerandos dicho Decreto antes de que el Congreso se pronuncia, y dictó un nuevo DNU para crear el "Fondo del Desendeudamiento Argentino", con el mismo fin: la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, habiéndose ya iniciado la actividad en el Congreso y sin que existan las razones de "necesidad y urgencia" para omitir el trámite ordinario constitucional.

Cabe destacar que, inmediatamente, la nueva Presidenta interina del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, ya transfirió los recursos autorizados por el Decreto al Tesoro Nacional,

Se perfila una nueva dura batalla entre el oficialismo y la oposición. Es de suponer que la mayoría opositora buscará derogar el nuevo DNU presidencial y apelará judicialmente para suspender sus efectos y declarar la nulidad absoluta de los mismos.

Pero lo que más llama la atención es la OBSTINACIÓN EMPEDERNIDA del gobierno de Cristina Kirchner para gobernar sin el Congreso, con mayoría opositoria por voluntad popular, puesto que las decisiones que adopta a través de los Decretos corresponden aplicarlas al Congreso por vía de Ley.

La Constitución Argentina solo autoriza al Presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia, con fuerza de ley, cuando circunstancias hagan imposible seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes (Art. 99 inc. 3).

La palabra clave en ese inciso es IMPOSIBLE, lo cual se daría en el caso de alguna catástrofe natural, circunstancia de tumulto grave o similares.
Pero como bien lo dijeron la magistrada Sarmiento, que suspendió los efectos del Decreto Nº 2010/09, la sola invocación de que la urgencia del caso hace imposible seguir los trámites ordinarios no justifica dictar un DNU.

Y los Kirchner no entienden esto, o no lo quieren entender, para no sentir limitado su poder, como lo fue desde 2003 hasta ahora, cuando contaban con mayoría parlamentaria. No quieren darse cuenta que el pueblo les está frenando y que toda política que adopten deben consensuar con la oposición, que no se puede pasar por alto el Congreso a través de decretos inconstitucionales, que la Carta Magna establece un sistema de división de poderes que hay que respetar, que no es facultad ordinaria del Ejecutivo legislar.

Mientras no sigan aceptando esta realidad, seguirán golpeándose, desgastándose, perdiendo apoyo popular, rumbo a una victoria segura en 2011 que extinguirá del mapa político argentino este proyecto autoritario y absolutista, que pretende gobernar sin el Congreso.

31 de enero de 2010

Fernando Lugo y la falta de respeto a sus funcionarios

Demás está decir que no llama mucho la atención la forma en que Fernando Lugo destituyó a los directores de Itaipú y Yacyreta, Carlos Mateo Balmelli y Carlos Cardozo, respectivamente, pues no es la primera vez que recurre a actitudes cobardes para tomar este tipo de determinaciones.
Dejando fuera de lado la simpatía o antipatía que puedan generar las figuras de Mateo y Cardozo, estamos refiriéndonos a una conducta reprochable (como muchas otras) que el Jefe de Estado de turno manifiesta en su gestión gubernamental.
Para introducirnos un poco más al contexto en el que se dieron estas situaciones, vayamos a los hechos concretos. El pasado jueves 28 de enero, en horas de la mañana, el secretario de Fernando Lugo, acompañado del nuevo director designado de Itaipú, Gustavo Codas Friedmann (de tendencia izquierdista), informó el cambio en esta binacional. Mientras tanto, Carlos Mateo se encontraba en el Brasil desempeñando las funciones oficiales que hasta ese momento ejercía, cuando minutos antes del anuncio, recibe la llamada del secretario presidencial para informarle su relevo, sin que se le brinde ninguna causal o motivo de la decisión del Gobierno.
Minutos después, Codas brindaría una conferencia de prensa para exponer los ejes de la gestión que llevaría adelante y en horas de la tarde, encontrándose Mateo aún en Brasil, ya se efectuaría el traspaso de mando.
Sobre la destitución del director de Yacyreta, Carlos Cardozo, no se sabe con certeza cómo ocurrieron los hechos. Algunas versiones cuentan que el mismo ni siquiera fue notificado de su destitución, sino simplemente se enteró por la prensa de la designación de su reemplazante, la ex senadora liberal Elba Recalde. Otros dicen que el mismo Presidente le comunicó este hecho por vía telefónica. No sabemos.

Pero no hace falta que el mismo hecho haya ocurrido dos veces para que si ocurrió aunque sea una vez, sea digno de reproche. Lugo se burló y faltó el respeto a la dignidad de Mateo Balmelli. Pudo haber tenido sus objeciones o los motivos para llevar adelante la destitución. Nadie lo discute. Es su potestad discresional nombrar s los funcionarios públicos y a los directores de los entes binacionales. Sin embargo, existe una norma no escrita en las leyes, que es la del respeto a la dignidad humana.

Ningún funcionario del Gobierno puede ser el trapo de piso del mandamás temporal, porque antes de ser funcionarios, son personas. Así como Lugo habrá consultado a Mateo antes de designarlo Director de Itaipú, lo mínimo que se merecía es que el mismo Fernando Lugo lo convocara personalmente a su despacho y le informara, personalmente, cara a cara, que sería destituido, ya sea por disconformidad con su gestión, por cuestiones políticas, por rotación, etc.
Por eso, resulta vergonzoso y humillante para Mateo, en este caso, que haya sido Miguel Rojas, el secretario privado del Presidente, quien a través de una descortés llamada telefónica, le informara de su relevo, más aún cuando el mismo no se encontraba en el país, llevando adelante actividades propias a su cargo.

Es importante recordar que no es la primera vez que esto ocurre bajo la administración de Lugo. Antes de avanzar, reitero que al hacer esta crítica de ningún modo puede entenderse que hago apología de los funcionarios destituidos, sino que me limito a criticar los "métodos" de Lugo para ejecutar este tipo de decisiones.

En el año 2009, fueron víctimas de esta "cortesía" de Lugo los entonces ministros Horacio Galeano Perrone (Educación y Cultura) y Martín Heisecke (Industria y Comercio), a quienes tocó beber este trago amargo de la copa del ex obispo. Asimismo, el ex consejero de Yacyreta, Roberto Paredes, recibió en su momento un mensaje de texto al celular, de parte de Lugo, pidiéndole su renuncia.

No sé si esta actitud provendrá de sus antecedentes clericales, de un pensamiento autoritario o irrespetuoso de la dignidad humana, o de algún tornillo flojo en el cerebro, pero Fernando Lugo se ha pasado de la raya y muestra desconocer los códigos de conducta de una persona educada, decente y de buenos modales. con el "motus operandi" en el que maneja a sus funcionarios.