Las relaciones entre Lugo y el Congreso

Es sabido que las relaciones entre la administración de Fernando Lugo y el Congreso no son las mejores, marcadas por un fuerte sentido de polarización ideológica. Han sido numerosos los cruces de opinión y las confrontaciones donde quedaron marcadas las diferencias, y desde el 20 de abril, se supo que el oficialismo no contaba con mayoría parlamentaria propia.

No ha faltado desde los sectores de izquierda afines al Gobierno quienes amenazaron desde el primer momento, con “barrer”, “limpiar” o disolver el Congreso, por supuestamente representar los intereses de la “derecha neoliberal o corrupta que quiere defender sus privilegios”. Muchos de estas declaraciones ocurrieron con la presencia del propio Lugo, quien de esta manera, hizo honor a la frase popular de que “quien calla otorga”. Demás estaría entrar en detalles sobre adjetivos, con clara señal de importación chavista.

Sin embargo, es interesante observar cuál ha sido la conducta del Poder Legislativo fuera de lo mediático, sino a la hora de tratar proyectos de urgencia remitidos por el Ejecutivo.

¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó millonarios créditos del plan anticrisis presentados por el ministro Borda? ¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó las ampliaciones presupuestarias a fin de dotar de mayores equipamientos a los organismos de seguridad del Estado? ¿O no fue el Congreso quien dio el acuerdo a la mayoría de candidatos a embajadores, directores de entes, o para el ascenso de policías y militares? ¿O quién aprobó el estado de excepción solicitado por el Congreso?

Por supuesto, del mismo modo, también ha negado dar el acuerdo a candidatos a embajadores propuestos por el Presidente, por no contar los mismos con la confianza de los legisladores. Asimismo, no dio lugar a las ampliaciones presupuestarias para el Gabinete Social, ante la fuerte sospecha de que el dinero se utilizaría no para inversiones sociales, sino como método de prebenda política y financiación de la izquierda.

Pero Lugo no tiene ni tuvo una mayoría oficialista en ninguna de las Cámaras y, en consecuencia, no puede pretender más apoyo del que logró el Congreso. Debe recordar que nuestro sistema constitucional actual brinda protagonismo al Parlamento y, si pretende alcanzar aunque sea una gobernabilidad relativa, debe dejar de lado su orgullo y desprecio hacia el Legislativo, para poder negociar los espacios y decisiones que actualmente están trabados en el ámbito parlamentario, debido a la hostilidad hacia el Congreso, que cada tanto inician el Jefe de Estado o sus simpatizantes políticos, sin que el mismo se pronuncie para descalificarlos.

No puede pretender un Congreso ciego que firme cheques en blanco a una administración que, por las manifestaciones de sus allegados, no perfila una proyección muy democrática, en sintonía con Chávez y sus alineados.

Más allá de que sectores de izquierda se rehusen a reconocer la representación popular legítimas que ostentan los actuales senadores y diputados, electos el mismo día que Fernando Lugo, cada quien que ocupa un escaño hoy cumple un mandato popular, a diferencia de otros, quienes autodenominándose “defensores de los intereses del pueblo”, no lograron la confianza popular para acceder a las bancas parlamentarias ni siquiera en el último lugar de la lista. ¡Vaya representación popular que tienen!

De manera que una posibilidad de mayor armonía entre Lugo y el Congreso dependerá del hecho que el Ejecutivo reconozca la legitimidad democrática de los integrantes del Poder Legislativo y la necesidad imperiosa de lograr acuerdos con el mismo, para garantizar gobernabilidad.