La banca de Grillón, el fallo de la Corte y el espíritu de la Constitución

Hace unos días, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada en este caso por los Ministros Núñez, Pucheta de Correa y Bareiro de Módica, declaró inconstitucional la Resolución del Senado por la cual se convocó a Alberto Grillón a jurar como Senador Titular, ante la renuncia presentada por Rafael Filizzola, ambos del Partido Democrático Progresista, en el año 2008, antes del juramento.

A fin de interiorzarnos en el contexto del caso, la renuncia de Rafael Filizzola a su banca de Senador Titular se produce debido a que el mismo había sido designado por el Presidente Lugo como Ministro del Interior, había ingresado como Senador Nº 40 (obtuvo 38.402 votos, suficientes para una banca senatorial) y el Art. 223 de la Constitución prevé 45 Senadores titulares y 30 suplentes (grave falacia, imprevisión del bipartidismo vigente en 1992).

En consecuencia, si Rafael Filizzola juraba y luego pedía permiso para asumir como Ministro, no tendría suplente y otro partido político quedaría con su banca. Alberto Grillón era el candidato Nº 2 de su lista y, en aplicación del Art. 161 del Código Electoral y el Art. 10 del Reglamento Interno del Senado, fue convocado a jurar como Senador, ante la renuncia de Rafael Filizzola, previamente al juramento e incorporación de los nuevos congresistas electos para el período 2008-2013.

Es así como Grillón llegó inesperadamente a ser Senador.

Si bien no tuve acceso ni a la resolución del Senado que lo convocó a jurar ni a la fundamentación del fallo judicial que declaró inconstitucional dicha resolución, creo que la Corte Suprema – aplicando un erróneo criterio restrictivo – adoptó una decisión equivocada sobre el caso.

La interpretación de las normas, y más aún aquellas de carácter constitucional y que hacen a las instituciones republicanas y democráticas, se debe efectuar siguiendo precisamente el espíritu republicano y democrático que las inspira.

Nadie puede negar que el Partido Democrático Progresista obtuvo una banca en el Senado legítimamente a través de las elecciones generales del 2008, así como tampoco podemos negar que existe un conflicto de constitucionalidad entre lo previsto por el Art. 223 de la Constitución, que se debe resolver de acuerdo a los principios rectores de las instituciones que se tratan.

El Art. 223 de la Constitución Nacional dice en su párrafo tercero: “Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o inhabilidad de éstos, por el resto del período constitucional o mientras dure la inhabilidad, si ella fuere temporal. EN LOS DEMÁS CASOS, resolverá el reglamente de cada Cámara”.

El Art. 161 del Código Electoral, por su parte, reza: “En caso de renuncia, inhabilidad o muerte de algún candidato electo antes de su incorporación, le sustituirá aquel que en la lista de titulares de su partido, movimiento político o alianza, lo siga en el orden respectivo”.

Y el Art. 10 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores dispone: “Los Senadores electos excluidos antes de su incorporación serán substituidos por otros en el orden de precedencia de la lista de titulares electos y no proclamados”.

Ahora, cabe analizar si existe incompatibilidad entre las dos últimas normas con la primera y suprema.

Partamos de la base que la Constitución no especifica, como lo hacen el Código y el Reglamento, una diferencia entre los senadores ya incorporados y los no incorporados aún, así como que la previsión de 30 senadores suplentes únicamente es un error de los constituyentes de 1992, que no constituyeron un panorama pluripartidista como el que tenemos hoy y que no existía en aquel entonces.

Así, tenemos que analizar qué es lo que corresponde hacer ante un caso como el de Rafael Filizzola y Grillón, donde un Senador titular renuncia antes de su incorporación. ¿Quién debe asumir? ¿Uno de los Senadores suplentes proclamados o el siguiente titular de la lista de candidatos de la lista del Partido Democrático Progresista, por el que había sido electo Filizzola?

Es sabido que las disposiciones constitucionales, que no pueden prever todas las situaciones, deben ser desarrolladas y reglamentadas por la Ley, y las de ésta a su vez por las normas de derecho administrativo.

En el caso de una banca del Senado, no está en juego una mera disposición jurídica, sino una institución que es esencia del sistema republicano y democrático representativo, como lo es la elección de un representante del pueblo en el Congreso de la Nación.

El Partido Democrático Progresista obtuvo en el 2008 una banca a través de la figura de Rafael Filizzola, y el Nº 2 de dicha lista era Alberto Grillón, que asumió antes de la incorporación del electo. Desconocer esta realidad electoral y democrática es negar validez a la voluntad de un sector suficiente de la población que obtuvo una representación en la Cámara de Senadores.

La norma del Art. 161 del Código Electoral y del Art. 10 del Reglamento del Senado permite garantizar la auténtica representación popular y es de suma utilidad en casos en que no existe suplente electo por el titular que muere, renuncia o resulta inhábil.

No puede de ningún modo entenderse que aplicando tales normas se viola la Constitución, pues nuestra Constitución está fundada sobre el régimen republicano, democrático, representativo, participativo y pluralista (Préambulo y Art. 1), por lo cual garantizar la auténtica representación popular en los cargos electivos es la esencia de la democracia y la Constitución, y es el criterio que debe prevalecer sobre cualquier otro a la hora de dirimir conflictos como el sub examine.

El Art. 223 de la Constitución no desarrolla todos los supuestos y circunstancias de inhabilidad, renuncia o muerte de congresistas titulares y deja al arbitrio de las Cámaras del Congreso prever las demás situaciones. Es claro que los suplentes reemplazan a los titulares, aunque tengamos la falencia de los 30 suplentes frente a 45 senadores titulares, UNA VEZ que el titular efectivamente haya asumido la banca.

Pero si el congresista titular electo renuncia antes de ser efectivamente Senador mientras tiene meramente un derecho en expectativa, el Reglamento del Senado ni el Código Electoral no pecan de inconstitucionales al disponer que se convoque al siguiente candidato del orden de la lista del titular que por una de las tres circunstancias mencionadas no ocupará el cargo para el cual fue electo por el pueblo, pues resulta la solución que más se acerca al ideal de Justicia que persigue el Derecho.

Una interpretación restrictiva del Art. 223 de la Constitución, como es la seguida por la Corte en su fallo, en lugar de garantizar el imperio del espíritu de la Constitución, desnaturaliza su esencia al pretender privar de su banca al representante de un Partido político que – por voluntad popular, autoridad última de las democracias – obtuvo los votos suficientes para tener un Senador.

La Corte Suprema de Justicia, como cúspide del Poder Judicial, tiene como misión fundamental ser el custodio de la Constitución e interpretarla. Ante tal dignidad, debe procurar resolver las cuestiones constitucionales que se le plantea, con la mayor rigurosidad que efectivice los PRINCIPIOS que sustentan la Constitución, y no con un mero análisis literal aislado de un Artículo.

Es cierto que, constitucionalmente, corresponde a la Justicia Electoral resolver los derechos y los títulos de quienes resulten electos para cargos nacionales y que dicha facultad no corresponde directamente al Senado. Pero también es cierto que no existe la nulidad en exclusivo beneficio de la ley, cuando los actos cumplieron los fines previstos por la norma. La Corte Suprema, en el caso Grillón, entendió que el Senado se atribuyó facultades constitucionales de la Justicia Electoral y, sin embargo, pienso que lo hizo en virtud a la parte in fine justamente del Art. 223 de la Carta Magna.

Tenemos nuevamente un criterio restrictivo, que no mira a los fines logrados por el acto y se encarga de generar una crisis institucional – política nuevamente a partir de un fallo judicial.

Además, siguiendo siempre la línea restrictiva, la Corte no resolvió el caso como custodio supremo de la Constitución, sino que limitó sus atribuciones al declarar la mera inconstitucionalidad de la Resolución que convocó a Grillón a jurar.

Deviene necesario entender que la Corte Suprema es realmente el Tribunal SUPREMO de la República y, en su objetivo final, está el hacer justicia y garantizar la vigencia de la Constitución, por lo cual ante un caso de semejante relevancia política y jurídica, debió haber resuelto de forma completa el caso de la banca de Alberto Grillón, aunque ello no haya sido peticionado. Es el ROL de la Corte custodiar la Constitución y por ende, custodiar la democracia.

Ahora queda la nebulosa y la incertidumbre de quién y cómo se debe resolver la cuestión. Al ser nulo el juramento de Grillón en virtud de la resolución declarada inconstitucional, no queda claro qué hacer. ¿Corresponde a la Justicia Electoral declarar Senador Titular a Grillón ya que solo el Senado lo convocó sin previa resolución de aquel? ¿O se debe convocar a uno de los suplentes, que sería de la ANR o del UNACE (hay disputa también sobre ello) para que ocupe la banca que el Partido Democrático Progresista obtuvo por voluntad popular?

Recalco que todo esto debió haber sido resuelto por la Sala Constitucional de la Corte, aunque no haya sido objeto de la Acción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema no es un Tribunal cualquiera, y en virtud de su carácter Supremo, debió haber resuelto acabadamente este conflicto de normas.

Soy del parecer de que, dado el respeto que merece la voluntad del pueblo que dio una banca senatorial al Partido Democrático Progresista, ello debe ser respetado y el lugar que dejó Rafael Filizzola con su renuncia, debe ser ocupado por el siguiente miembro de la lista de titulares, que es Alberto Grillón, por aplicación del Art. 110 del Código Electoral, del Art. 10 del Reglamento del Senado y del apartado in fine del Art. 223 de la Constitución Nacional.

La vía apropiada para que esto ocurra, sin pisotear un fallo judicial, es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se pronuncie sobre la renuncia de Rafael Filizzola y sea quien proclame a Alberto Grillón como Senador Titular por el período que culmina en 2013. Si la Acción de inconstitucionalidad cuestionaba que el Senado se atribuyó inconstitucionalmente facultades propias de la Justicia Electoral, con esta salida se subsanaría el vicio y se resolvería constitucional, republicana y democráticamente el conflicto.

De acogerse esta postura, el Tribunal Superior de Justicia Electoral sería coherente con su postura del Acuerdo y Sentencia Nº 3/2003 (firmado por Morales, Ramírez Zambonini y Meza), según el cual tras la inhabilidad del Senador colorado electo, José Luis Alder, ANTES DE SU INCORPORACION, se proclamó como Senadora titular a Ana María Figueredo, por haberse corrido la lista de titulares, conforme al Art. 161 del Código Electoral.

Claro está que resulta difícil la primacía de lo jurídico en la solución para este caso, sino que se vislumbra una salida eminentemente política sin sustento jurídico - republicano, que corresponde en un Estado de Derecho como el que decimos tener.

Interesante debate para los próximos días, precisamente en el marco de nuestro Bicentenario.

La primacìa de lo jurìdico sobre lo polìtico, y el caso Nicanor

Una de las definiciones más sencillas del Estado de Derecho es tautológica pero clara: el Estado sometido al Derecho. Cuando surgió el constitucionalismo en su concepción moderna, que data del siglo XVIII cuando Estados Unidos pone en vigencia la propia, se impuso la idea de que ya no existía absolutismo de ningún tipo y que el poder de todo órgano del Estado estaría limitado a lo que las leyes dispusieran.

Desde el punto de vista de la historia, esta concepción de PREVALENCIA DE LO JURÍDICO SOBRE LO POLÍTICO es uno de los saltos al progreso más grande que ha dado la humanidad en su historia, pues significa transitar del salvajismo primitivo a la sociedad normativa organizada. En el Estado de Derecho, siempre lo jurídico debe prevalecer sobre lo político. Para eso existe el Poder Judicial.

Esta concepción republicana fue expandiéndose a todo el mundo y en 1870, nuestro país recoge oficialmente el modelo, como el resto de la región. La estructura básica de la Constitución se puede dividir en dos grandes grupos: la declaración de derechos (parte dogmática) y la organización del Estado (parte orgánica).

Respecto a la organización del Estado, las Constituciones regulan las funciones y atribuciones de cada uno de los Poderes del Estado. Sintetizando, el Ejecutivo administra, el Legislativo dicta leyes y el Poder Judicial... entiende en los asuntos contenciosos e interpreta la ley.

Desde una perspectiva política de pobre entendimiento, el Poder Judicial es el más débil de los poderes, pues sus resoluciones solo se circunscriben a casos particulares y no tienen relevancia para obligar a nivel general. Sin embargo, es el Poder del Estado con más ilimitación de atribuciones. Nada más y nada menos, es el que se encarga de interpretar, con carácter oficial y exclusivo, qué es lo que dice la Constitución y las leyes, y por ende, declarar la inconstitucionalidad de las normas que atentan contra la Carta Magna. ¿Poca cosa, no?

Esta concepción tan amplia y correcta del rol del Poder Judicial como árbitro indiscutible de las controversias es el pilar del Estado de Derecho. Existen las leyes, reglamentos y resoluciones, pero si no existe Poder Judicial para dirimir y decir el derecho (juris dictio, juridicción), la ley es letra muerta. Que lo haga bien o lo haga mal es otra cosa. Esa es su atribución.

Si bien la pionera Constitución Norteamericana no precisaba esto con la claridad que hoy entendemos, en el célebre fallo Madison vs. Marbury (1803), determinó como precendete para la historia del constitucionalismo global, que es facultad del Poder Judicial determinar la compatibilidad de la ley con la Constitución, que es la ley suprema de una nación. Es decir, se instauró el control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial.

A partir de ese entonces, se comprendió el rol ineludable e indubitable de la Corte Suprema, como cúspide del Poder Judicial, para decir cuál es el derecho, para brindar una interpretación juris et de jure de la Constitución.

Partiendo de esta base y del rol que las Constituciones, y por supuesto, la nuestra de 1992, otorgan al Poder Judicial, podemos repetir con el célebre juriste estadounidense y ex miembro de la Corte Suprema de su país, Charles Evan Hughes (1862-1948) lo siguiente: “La Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Podría sonar chocante al oído pensar eso, e inmediatamente nos remontamos a suponer ello como una atribución arbitraria de los magistrados.

Sin embargo, leamos nuestra Constitución Nacional.

Artículo 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICION
El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir.

Artículo 259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
5. conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;

Artículo 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:
1.conocer y resolver sobre la insconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a este caso, y
2.decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución.

La Carta Magna es clara al decir que es el Poder Judicial quien interpreta la Constitución. Eso significa, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”, ellos solo pueden interpretarla, y esto se reserva en nuestro ordenamiento, exclusivamente, a la Corte Suprema de Justicia.

Nos guste o no, es así. Es la esencia del sistema republicano y constitucional.

Sin pretender entrar a juzgar la legalidad o no de la candidatura, juramento o incorporación de Nicanor Duarte Frutos, como Senador activo, hay algo que no podemos eludir.

El Acuerdo y Sentencia Nº 404, dictado por la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Núñez y Pucheta, y el camarista Villalba, es la única interpretación de la Constitución que puede tener fuerza obligatoria en el Paraguay, porque fue a la Corte a quien se invistió con la facultad de interpretar y “decir lo que realmente dice” la Constitución.

Que la Corte haya errado, que se haya extralimitado, que haya actuado en base a intereses políticos, es otro tema. Se discute a través de otra instancia denominada “juicio político” para remover a los ministros por mal desempeño de sus funciones. Eso también es constitucional.

Pero pretender un “más elevado sentido de justicia” por parte del Senado a través del desacato de una resolución judicial de la Sala Constitucional de la Corte, auténtica intérprete de la Constitución, constituye una contradicción en sí misma.

No puede el Senado atribuirse la capacidad de interpretar la norma. La Corte actuó dentro de sus atribuciones, aunque haya podido errar.

Por eso decía al principio que, aunque no parezca un poder fuerte, es el que tiene facultades más ilimitada, pues le corresponde indicar cuál es el derecho y decidir lo que realmente la Constitución dice, como decía el viejo amigo Hughes.

Ante situaciones como estas, se devela el grado de institucionalidad de un país.

¿O acaso el fallo de la Corte norteamerciana en el fallo Bush vs. Gore (2000) no fue injusto para tanta gente y sin embargo se acató?

En los países desarrollados, se respetan las instituciones y se subsanan los errores por las vías correspondientes. No se puede intentar corregir un mal con otro mal, una violación de la Constitución con otra. Por eso, decimos que vivimos en un Estado de Derecho (Art. 1 C.N.), porque lo político (Estado) debe estar sometido a lo jurídico (Derecho). Y de señalar lo jurídico se encarga el Poder Judicial por expresa remisión constitucional.

Sí, la Corte Suprema es la intérprete final de la Constitución y no hay nada que decir.

En el vigente sistema republicano, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Podemos consentir o disentir, no importa. Así es y punto. Desconocer esta realidad y buscar “atajos políticos” equivaldría a profundizar la ya quebrantada y débil institucionalidad que existe en la República del Paraguay.

Estado de Derecho = Estado sometido al derecho = Primacìa de lo jurìdico sobre lo polìtico

Así es y así tiene que ser.

En consecuencia, jurídicamente hablando, a Nicanor le corresponde la banca de Senador activo, en virtud de una sentencia de la Corte. El Senado no puede evaluar una sentencia judicial.


P. S.: Aclaro, a fin de disipar dudas: NO SOY NI NUNCA FUI NICANORISTA. Simplemente hablo desde la perspectiva del Estado de Derecho y la supremacía de la Constitución.

El problema es la CORRUPCIÓN

Tras una década bastante a-ideológica como fueron los noventa (tanto ya se habló de eso), entre fines del siglo XX y principios del XXI, se reabrió el debate entre tendencias de pensamientos políticos en Latinoamérica, principalmente tras el advenimiento de gobiernos de izquierda en diversos países de la región.

Más allá de la supervivencia del totalitarismo cubano hasta hoy día, la llegada de Hugo Chávez al poder venezolano en 1999 marcó el inicio de este período de gobiernos socialistas. Obviamos dentro del caso a los diversos gobiernos chilenos de Concertación, que si bien siempre tuvieron un perfil socialdemócrata, no marcó mucho tinte ideológico.

Luego, apareció Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y como último plato, Fernando Lugo en Paraguay. Dentro del círculo radical de esta corriente, solo incluimos a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.


No es mi pretensión inmiscuirme en un análisis profundo y permenorizado de las causas y características de esta tendencia política sudamericana bautizada bajo la frase “socialismo del siglo XXI”, pero sí hacer énfasis en un elemento concreto que hace al discurso de esta corriente.


Las palabras “neoliberalismo” y “capitalismo” como sinónimos de diablo no faltan en el discurso socialista latinoamericano. La razón de esto es que atribuyen sus adherentes a estas dos palabras todos los males de la región, entiéndase, pobreza estructural, miseria, desempleo, crisis económica, salud y educación deficiente, subdesarrollo, inequidad social, falta de distribución de la riqueza.

Como emblema del “capitalismo neoliberal”, como promotor de esta “explotación imperialista”, el socialismo del siglo XXI apunta sus dedos acusadores hacia Estados Unidos, denominado en la jerga “el imperio pitiyanqui”, por haber sido el país que, desde el gobierno de Ronald Reagan, impulsó las políticas de desregulación y no intervención del Estado en la economía, remontándose a los tiempos del liberalismo político y económico del siglo XXI, del laissez-faire. De ahí proviene la palabra “neo-liberalismo”, contra el cual lucha el nuevo socialismo, el del siglo XXI, tras haber fracasado el socialismo marxista leninista de la ex Unión Soviética.

Fundamentan los “neosocialistas” que, a causa de estas políticas económicas de desregulación, privatizaciones, libre mercado y abstención del Estado se permitieron las mayores desigualdades sociales y explotaciones, de las cuales deriva la situación actual y, que un socialismo ultra-estatista brindaría la solución.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que la raíz de los problemas que padecemos NO tiene un transfondo ideológico. O al menos, yo no creo que sea así.

El capitalismo, con todas las virtudes y defectos que tenga, no es la raíz de todos los males, ni el socialismo, la solución a todos los problemas. Me animaría a decir que una determinada tendencia ideológica en lo político (democrática y moderada, por supuesto) no tiene la aptitud per se para producir desarrollo o subdesarrollo.

El problema último y verdadero está en las PERSONAS.

Países con economías de mercado como Estados Unidos y muchos otros europeos demuestran que la condición de vida de sus habitantes es muy superior a la de los países de Latinoamérica.

Con todas las deficiencias y conflictos pendientes que puedan tener, cuentan con un alto nivel de escolaridad, atención médica, empleo, recursos humanos calificados, alta calidad de vida, servicios públicos básicos, infraestructura vial excelente, etc.

No digo que la situación de estos países sea un paraíso. Lejos de eso. Pero tal vez sea un paraíso comparado con nuestra condición. Y lo puedo atestiguar tras haber vivido varios meses en Estados Unidos.

En una proporción mucho mayor a nosotros, allá se cumplen y se respetan las leyes, desde las mínimas.
Tal como decíamos, el problema está en las personas.
Y el cáncer de nuestra región es la CORRUPCIÓN de nuestros habitantes, que abarca desde los niveles de poder más alto como el político y el económico, hasta el ciudadano común y corriente y el estudiante escolar.

No se respetan las leyes.
No se tiene conciencia de apego a las normas, de contribuir al desarrollo con el aporte individual.

Se contamina el ambiente. No se pagan salarios justos. No se brinda presupuesto suficiente a la salud pública. Se hacen “negociados” en licitaciones. Se roba del Estado. Se considera a la política como “fuente de enriquecimiento” express.
Los estudiantes hacen fraude en sus exámenes. No se invierte en educación. Se violan las normas de tránsito. Se evaden impuestos. Se tira basura a la calle.

Ninguna de estos problemas estructurales, que son REALMENTE graves, no tienen que ver con la izquierda o la derecha, con un partido u otro, sino con acciones y actitudes INDIVIDUALES que hacen la diferencia entre una sociedad y otra.

Atribuir estos males al “capitalismo neoliberal” solo facilita una distracción del enfoque los problemas reales y que siendo postergados sine die en el debate de la asamblea social, que somos.

Mientras esto siga pendiente, puede cambiar el color del partido del gobernante de turno, pueden haber mil quinientas elecciones, puede decirse que el capitalismo o el socialismo son los culpables, pero nuestro aplazo en la asignatura “DESARROLLO” seguirá pendiente.

Y ya hace demasiado tiempo que esa reprobación está stand by y nuestra región sigue agonizando.

Repito, EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN.

Más que reformas políticas y sociales, es menester una REFORMA individual.

Interna. Profunda. Real. Espiritual.
Eficaz.

¿Diplomacia farsante o condena del terrorismo?

En los últimos días, se produjo una reunión entre el "mediador" Kirchner y el gorila venezolano, Hugo Chávez, a fin de buscar acuerdos de paz en el conflicto Colombia-Venezuela.

El pseudo-secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner ofreció sus buenos oficios para buscar soluciones al diferendo entre los países, a pesar de no ofrecer las mínimas garantías que un mediador debe ofrecer, como ser la parcialidad y capacidad de consenso, palabras antónimas al vocablo Kirchner.

Además, quien ejerce aún cargos en la política local de su país y con aspiraciones presidenciales para 2011, no reúne el perfil necesario que debe tener una figura de la diplomacia multilateral, como lo requiere el cargo que ocupa, aparte de no ser propio de su personalidad el discurso mesurado.

Siendo Néstor Kirchner diputado nacional de su país, presidente del Partido Justicialista y eventual candidato a suceder a su esposa Cristina en el sillón de Rivadavia, ¿qué es lo que podría hacernos creer que lo caracteriza la neutralidad para el rol que pretende desempeñar?


Estando ligado absolutamente a lo interno de Argentina, cuyo Gobierno tiene "excelentes" y "rentables" relaciones económicas con Venezuela (además del caso de la diploma$ia paralela), ¿cómo podría Colombia y el nuevo Gobierno de Santos esperar mucho de la hipocrecía de UNASUR?

La actitud que Kirchner reveló previamentea a la última reunión con Chávez en Caracas no es propia de aquello que pretende ser en medio del conflicto. Llenó de elogios al venezolano, recordando la ayuda comercial que éste dio a Argentina durante su Presidencia y durante la de su esposa.

El problema actual entre Colombia - Venezuela no pasa por una cuestión de antagonismo Chávez-Uribe, derecha-izquierda, pro USA-anti USA, aunque muchos lo hagan creer así. El quid de la cuestión está en la lucha de Colombia contra el terrorismo de las FARC y la cobija y el apoyo que el gobierno de Hugo Chávez a delincuentes de esta organización guerrillera para que se movilicen libremente en su territorio sin desmovilizarse.

Siendo claro, (no pretendo imitar a Bush) es de quienes están con el terrorismo y quienes luchan contra este mal que tantas vidas ya se ha cobrado.

Lo que menos se necesita aquí es un "acuerdo diplomático" hipócrita, donde se firmen papeles pero se siga apoyando a terroristas. No se necesitan las risitas y los halagos de Kirchner a Chávez por la relación comercial que los une, ni una cumbre de adorno donde haya muchas palabras y pocos resultados.


América Latina, Sudamérica, UNASUR, OEA, MERCOSUR o el ente regional que fuere, deben condenar el terrorismo con fuerza, evitar su expansión, y dentro de la "lógica integracionista" de la que tanto se habla, aunar esfuerzos para erradicar este cáncer que azota a Colombia y, siguiendo el discurso chavista bolivariano, a "toda la gran patria latinoamericana".

¿Integración? Pero enserio.

¿Diplomacia? No de palabras hipócritas sino de realidad.

¿Mediador del conflicto? Sí, pero no un socio político-comercial de Chávez.

No hay otra salida VERDADERA más que condenar el terrorismo y rectificar rumbos. Basta de farsas.

¿Dónde quedó la leche derramada?

En un acto organizado por los movimientos de izquierda, el Presidente Fernando Lugo sentenció: "El 20 de abril del 2008 el pueblo se pronunció diciéndole no a los partidos tradicionales, son partidos del pasado y hoy están llorando sobre la leche derramada".

Sin embargo, luego de las vibrantes internas que los “partidos tradicionales”, entiéndase, el Colorado y el Liberal, tuvieron el 18 y 25 de julio pasados respectivamente, la afirmación del mandatario parece más que fuera de lugar.

A lo largo y ancho de todo el Paraguay, los colorados y liberales acudieron masivamente a elegir a sus candidatos para las elecciones municipales de noviembre próximo y, en el caso de los liberales, a renovar sus autoridades partidarias.

La transparencia y la fuerza con la que estos comicios se desarrollaron merecen el calificativo de fiesta cívica, expresión que acostumbra utilizarse para referir a elecciones limpias y entusiastas.

Dentro del Partido Colorado, prevalecieron los liderazgos regionales de cada localidad y los grandes movimientos nacionales no pisaron con fuerza, como muchos esperaban. En un día de bajísima temperatura y muchísima lluvia, los colorados de todo el país acudieron a las urnas a emitir su voto.

Si bien la participación alcanzó el 30% aproximadamente, hay factores que permiten mirar esa cifra con optimismo: inclemencia del tiempo (en un país no acostumbrado al frío) y llanura política.

Los triunfos más contundentes de esta interna fueron el del Diputado Arnaldo Samaniego, en Capital, con un 58% de votos, y el de la re-electa Intedenta Sandra McLeod, en Ciudad del Este, esposa del vicelíder de Vanguardia Colorada, Javier Zacarías Irún, con un 77% de votos.


En todo el país, los colorados eligieron a sus representantes sin que se observase tumulto alguno, pero sí un alto entusiasmo por el retorno de la A.N.R. al poder.

Asimismo, el Partido Liberal Radical Auténtico celebró sus primeras internas formando parte de un Gobierno Nacional, luego de más de setenta años. Las condiciones climáticas fueron más favorables y obtuvieron un interesante índice de participación de sus afiliados.

La relevancia política de estas internas para los azules sí que era crucial. Se enfrentaron democráticamente dos movimientos luguistas (antagónicos entre sí) con la oposición a Lugo, liderada desde el PLRA por el Vicepresidente de la República Federico Franco.

La voz de los liberales fue clara, en cuanto a ratificar su apoyo al Gobierno, a través de la elección del Senador Blas Llano como Presidente del Partido y a sus candidatos en la mayor parte del país, con nítida diferencia de votos.


Las calles de los municipios, en general, quedaron saturadas de calcomanías y carteles – hecho que no celebro – y la euforia volvió al seno de las carpas coloradas y azules, en el contexto de estas democráticas internas, las primeras desde el triunfo del ex obispo y su asunción al poder.

Al ver estos hechos, cabría preguntarle a Lugo: ¿Dónde quedó la leche derramada de la que hablaba?

La frase suya que citamos, despreciando a los partidos tradicionales, incluía al Liberal, a pesar de haberlo llevado al poder sin que nunca lo haya reconocido con precisión.

Más bien, ante una izquierda salpicada de escándalos que no está demostrando un fortalecimiento político – electoral, en estas elecciones internas contemplamos el rebrotar del bipartidismo en Paraguay, aunque la consolidación o declive de este fenómeno lo confirmaremos en las municipales de noviembre.

Aparentemente, no hay leche derramada sino que sigue en la jarra y bien caliente, Señor Presidente.
No es parte del pasado, sino que, muy posiblemente, la leche que te toca beber.

El bipartidismo resurge y con más fuerza que antes.

El legítimo derecho de Colombia a denunciar

A la actitud farsante y maquiavélica de Hugo Chávez no queda otras respuesta más que la firmeza. Colombia ya toleró demasiado.

Colombia sufre desde hace años el flagelo de la guerrilla, de un supuesto ejército pseudo-revolucionario que se quedó en el tiempo tras la consolidación de la democracia y se escudó en el pasado para legitimar su red de narcotráfico, terrorismo y delincuencia.

Gracias a la eficiente gestión del Presidente saliente Alvaro Uribe, bajo el lema “Seguridad Democrática” se opusieron numerosos golpes bajos a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que venían imponiendo su terrorismo y manipulando a los gobiernos anteriores al actual.

Afortunadamente, fue electo como nuevo Presidente el ex Ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, que continuará con esta política dura al terrorismo.

Mas la verdad es que el peligro de Colombia en su lucha contra las FARC más que dentro del país, lo encuentra fuera del mismo: en su vecino Venezuela, a través de la nefasta y peligrosa gestión del mandatario pseudo-democrático Hugo Chávez. Demás sería entrar en detalles acerca de sus políticas totalitarias.

Chávez, a lo largo de estos años, demostró su simpatía hacia la guerrilla. En su discurso ante la Asamblea al inaugurar su último mandato, dijo explícitamente que las FARC y el ELN no eran terroristas, sino “Auténticos Ejércitos”, criterio compartido por el ecuatoriano Rafael Correa. Por supuesto, para Chávez no contaban los secuestros, atentados, toma de rehenes que este grupo guerrillero hacía padecer a una sociedad civil que hace mucho tiempo había optado por la democracia y la paz.



Asimismo, Chávez trataba públicamente a Manuel Marulanda como amigo y a las FARC como fuerzas bolivarianas y cuando se disfrazó de mediador, pasó por alto todas los protocolos diplomáticos.

Luego, el Gobierno de Colombia dijo “BASTA” y comenzó a denunciar con hechos concretos el apoyo de Chávez a las FARC en el territorio fronterizo que comparten.

Las respuestas de Chávez inmediatamente fueron el congelamiento relaciones diplomáticas, bloqueos fronterizos, trabas comerciales, agresiones personales (muy a su estilo). Nunca se esforzó por desmentir los hechos. Nunca colaboró con la pacificación de Colombia. Nunca condenó el terrorismo de la guerrilla.

Finalmente, Colombia en la tarde de hoy denunció ante la OEA, en Washington, hechos concretos que demuestran la cooperación que Chávez brinda a las FARC en territorio venezolano. Con pruebas de imágenes y datos satelitales, el Embajador colombiano ante este organismo regional, Luis Alberto Hoyos, expuso ante la luz lo que Venezuela hace en lo secreto.

La reacción de Chávez fue romper formalmente las relaciones con Colombia.

Pero... ¿Por qué se siente tan ofendido el señor feudal de Venezuela cuando que él tanto admira y reconoce a las FARC, como lo dijo en público?

Se sabe que Chávez no tratará de demostrar su inocencia ante la OEA, pues considera que este organismo responde al “imperio pitiyanqui”, según él, a pesar de que todos los países de la región están representados paritariamente como en cualquier foro regional.

No obstante, es evidente que estos hechos denunciados son ciertos y los nervios de Chávez responden al peligro de dañar aún más su imagen internacional, especialmente ante aquellos países que considera aliados a su “Socialismo del siglo XXI”. Es normal que Chávez responda con improperios cuando es criticado o cuestionado, como “buen líder democrático y republicano” que es.


Mientras tanto, Colombia sigue en su lucha y rodeada de países que, en lugar de sumas esfuerzos, colaboran con este mal. Y ya no es tiempo de callar y guardar apariencias falsas.

Afortunadamente, Paraguay sigue vetando el ingreso de esta Venezuela chavista al Mercosur.
Otro mal más... no gracias!



P. S.: No tengo nada contra el pueblo venezolano. Hablo de Venezuela como Gobierno bajo el liderazo de Hugo Chávez.

Una palabra llamada coherencia... o falsas intenciones debajo de la manga

El diario Clarín, en su versión online, publicó unas expresiones vertidas por la presidenta argentina Cristina Kirchner en su reciente viaje a China. A más de uno, éstas nos dejaron atónitos.

Despidiéndose de China, donde realizó una visita oficial, dijo que los habitantes de este país "han tenido la suerte que nosotros no, de la perseverancia en el tiempo de un mismo proyecto político-económico"










Al leer estas afirmaciones, me pregunté si quien las dijo es la misma persona que yo conocía a través de los medios de prensa. Me cuestioné si la Cristina en China era la misma Cristina que había dicho en una ocasión que "el respeto a los Derechos Humanos es una política de Estado"

¿Cómo podría, de otra manera entenderse que Cristina haya elogiado con semejante expresión entonces a un régimen que se caracteriza por la violación sistemática de los Derechos Humanos?

En cuanto a Derechos Humanos, China tiene saldo rojo. Es objeto de constantes denuncias por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Todos los informes que éstas brindan, resaltan su preocupación acerca del casi nulo avance en materia de violaciones a la libertad de expresión, arrestos sin denuncias, torturas, intimidaciones, intromisiones del Gobierno en la intimidad de las personas, sistema de partido único que no permite el disenso político, etc.
Para el efecto, basta leer uno de los tantos informes que estos organismos hacen circular en Internet.

Por otro lado, desde que los Kirchner llegaron al poder en 2003, se autoproclamaron defensores de estos Derechos Humanos. Promovieron la reactivación de juicios contra represores de la última dictadura militar (1976-1982) por crímenes de lesa humanidad. Se manifestaron públicamente en actos y conferencias repudiando las violaciones de estos derechos y predicando su vigencia irrestrica como política de Estado, según mencionamos. Es más, reprocharon a mandatarios y diplomáticos extranjeros a causa de esto (claro, ninguno provenía de un PAI$ con tantos INTERE$E$).

Si Cristina hubiese elogiado tan solo el proyecto económico de China, vaya y pase. Más allá de las restricciones a la libertad individual, no se puede negar que hoy China está consolidada como una potencia económica y comercial a nivel internacional.

Pero al hablar de la continuidad de un mismo proyecto, Cristina incluyó lo político y lo económico. Es más, alegó que el peronismo y el maoísmo tienen semejanzas de origen.

¿Será que al decirlo, Cristina Kirchner no recordó a las miles y miles de víctimas que fueron torturadas y ejecutadas por la tiranía de Mao Tse Tung y los demás gobiernos comunistas que le sucedieron?

¿Será que no encuentra similitud entre lo que vivió el pueblo chino durante los últimos cincuenta años y aquellos crímenes tan horrorosos de la dictadura militar argentina (1976-1982) que tanto Cristina condena?

¿O acaso su "defensa de Derechos Humanos como política de Estado" es una gran farsa?

Desde el lado en que se lo mire, no hay manera de conciliar los elogios que brindó Cristina al modelo político y económico de China, con su supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos.



Pinochet, Videla, Castro y Mao Tse Tung. La vara justiciera de Cristina distingue entre genocidas de izquierda y de derecha.


En China no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. Allí existe un gobierno totalitario y dictatorial, que no se sustenta en el reconocimiento de la dignidad humana.

Pero claro, es de izquierda y entonces Cristina calla. Lo mismo que con Fidel Castro. Mientras que Videla, Pinochet y otros que incurrieron en las mismas violaciones y provienen de la derecha, por ese solo hecho, se vuelven objeto del monopolio de sus críticas y condenas.
¿Dónde está la coherencia?

Al Cristina elogiar que los chinos hayan tenido la "suerte" de tener la perseverancia de ese proyecto (torturas, arrestos indebidos, ejecuciones ilegales, persecusión política) a lo largo del tiempo, a diferencia de Argentina y Sudamérica (afortunadamente)... nos preguntamos...

¿CUÁL ENTONCES ES SU VERDADERO PROYECTO POLÍTICO?


O esto se trata de incoherencia, o estamos ante falsas intenciones debajo de la manga que, al MAL MENTIROSO, siempre se le escapan.




P.S.: Le transmití estos cuestionamientos al canciller argentino Héctor Timerman, vía Twitter, y a pesar de haber respondido casi todos los tweets posteriores, se abstuvo de hacerlo conmigo. ¿No tendrá nada que decir? ¿O se le cae la cara de vergüenza y tiene que callar por "obediencia debida"?