El desbloqueo de las "listas sábana" en Paraguay

El sistema electoral que nos rige en Paraguay requiere de formas que consoliden y fortalezcan la democracia. Reformas a nivel constitucional y legal.

El tema se encuentra en la "picota" actualmente, debido al estudio y próximo tratamiento en el Senado de los proyectos de ley presentados desde diversos sectores políticos a fin de desbloquear las llamadas "listas sábanas", que se utilizan para los cargos colegiados.

Para iniciar, partamos por entender cuál es el sistema electoral que nos rige, de acuerdo a la Constitución Nacional de 1992.

Al Presidente y Vicepresidente de la República se los elige en una fórmula conjunta por mayoría simple de votos (no se requiere que sea mayor al 50% de votos). A los Gobernadores departamentales e Intendentes municipales se los elige por vía unipersonal y resulta electo también el candidato que alcance mayoría simple de votos.

En cuanto a los cargos colegiados, se elige a través del sistema de "lista sábana", es decir, cerrada o bloqueada. Esto afecta a los senadores, diputados y concejales.

¿Qué significa esto?
Los partidos o movimientos políticos inscriben una lista con candidatos para cubrir la totalidad de los cargos a elegir. Por ejemplo, si el Senado se compone de 45 miembros, cada partido o movimiento presenta una lista de 45 candidatos ordenados de acuerdo a un determinado orden, que se seguirá para ir asignando los candidatos que sean electos, de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo la lista de candidatos. A mayor cantidad de votos, mayores candidatos de dicha lista resultarán electos, de acuerdo al orden en que se encuentran en la misma. Para determinar la cantidad de bancas que corresponderá a una lista (partido o movimiento), en Paraguay se utiliza el sistema proporcional D'Hondt, acerca del cual no voy a entrar en detalles ahora.

Esto implica que el votante solo puede elegir una lista de candidatos por la cual votar, sin poder elegir a qué senador votar individualmente.
De forma total, este sistema no se puede modificar, salvo que se reforme la Constitución Nacional.

Como paliativo a esta situación, se pretende desbloquear las listas cerradas, a fin de darle un mayor espectro de elección al votante.
El Senado tiene en sus manos tres propuestas de modificación al respecto actualmente: el proyecto Estigarribia, el proyecto Patria Querida y el proyecto Ovelar-Velázquez que, con algunos detalles de diferencia, apuntan al mismo fin.

Las propuestas buscan que, dentro de la lista cerrada que presentan los partidos o movimientos, el elector pueda modificar el orden de los candidatos en las mismas. Es decir, si el candidato de mi preferencia en una lista se encuentra en el puesto Nº 20, por tanto, con poquísimas chances de ingresar, pueda acceder por el voto popular al lugar Nº 1 de la lista.

Luego, al momento del conteo, de acuerdo a la cantidad de voto que haya tenido dicho candidato en esa lista, su posición en la misma va subiendo de número, con mayores chances de ingresar.

Esta reforma es más que necesaria. Todos sabemos que en muchas de las listas, o aquellas en las cuales votamos, siempre tenemos un candidato al cual nos interesa más elegir que otros, o más bien, hay algunos a los cuales no quisiéramos votar.

Las campañas electorales muchas veces se basan en la figura del candidato con menor chance de ser electo, cuya imagen es utilizada en volantes y afiches. Y, a la hora de la verdad, el votante nada puede para que dicho candidato ingrese, salvo movilizar una "gran masa de gente" para que dicha lista obtenga un arrasador resultado. Claro, pero para este fin tiene que "tragarse" una larga lista de candidatos desagradables.

Con el desbloqueo de las listas cerradas, si bien no se solucionará todo el problema de raíz, se cooperará con el mejoramiento de nuestro régimen electoral, pues el votante tendrá derecho a elegir al candidato de su preferencia DENTRO de una lista y aquel podrá ascender su posición en la misma y, en caso de obtener muchos votos, ser electo.

La solución final y real se lograría con una reforma aún mayor, que solo puede hacerse a nivel Constitución.

No se puede elegir a los 45 miembros de una Cámara del Congreso como es el Senado, en única vez y con una lista nacional.
Nunca podría el elector así tener conciencia de quiénes son todos los candidatos que integran su lista y votar a conciencia.
Quienes finalmente ejercen el rol legislativo son los parlamentarios electos, no los partidos o las listas. No descalifico el rol de los partidos al hacer esta afirmación, sino expresar una realidad.

Ayudaría bastante que las elecciones legislativas impliquen solo una renovación parcial del cuerpo de las Cámaras, como ocurre en la mayoría de los países.

Con las elecciones presidenciales, debería renovarse la mitad del Congreso y, a mitad del mandato presidencial, la otra mitad del Congreso.

Esto serviría para mejorar la situación de las "listas sábana", pues la cantidad de cargos a disputar sería menor, así como se utilizaría como un termómetro político de la gestión del Presidente de la República.

Vale aclarar que la situación más agravada de las listas sábana se da con la elección para los miembros de la Cámara de Senadores, pues 45 BANCAS se disputan en una ÚNICA ELECCIÓN, dándose solamente la oportunidad de elegir a una LISTA DE 45 CANDIDATOS enumerados en un orden predefinido, sin posibilidad de darle prioridad al candidato de preferencia.

La elección de diputados no sufre una situación tan similar, puesto que como se elige representantes por departamentos, los cargos a disputar son más escasos y, por ende, los candidatos también. El elector vota más por los candidatos que por la lista, en dicho caso.

Esperamos con ansias que el Congreso Nacional tenga la valentía de dar este paso al frente en beneficio del fortalecimiento de la democracia paraguaya y así tengamos un sistema de votación más justo y representativo.

El Kirchner internacional

¡Quién lo hubiera dicho!
El bravucón mandamás de la política argentina, Néstor Carlos Kirchner, ungido como referente de la diplomacia sudamericana al ser electo Secretario General de la UNASUR, organismo sin existencia jurídica real por no haber sido aprobada por los Congresos de todos sus países miembros.

Parecía un chiste o un gran show montado escucharle a Kirchner hablando como un diplomático buscador de consensos. O al menos, parecía otra persona de la que conocemos a través de sus confrontativas y polarizadas declaraciones.

Kirchner visitó Paraguay el día de ayer para reunirse con Lugo y parlamentarios paraguayos, con el fin de avanzar hacia la aprobación del Tratado constitutivo de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

Se reunió con Lugo y fiel a su estilo "amigable" con la prensa, huyó de la Conferencia de Prensa en el Palacio de López, que había sido anunciada. Sin embargo, brindó declaraciones a la prensa al salir de la reunión que mantuvo en el Congreso con legisladores y el Vicepresidente de la República, Federico Franco.

A pesar de haber sido muy criticado y cuestionado con relación a su cargo, el rol de UNASUR y la influencia de Hugo Chávez en el organismo, Kirchner dijo que la reunión había sido "absolutamente positiva".

Cabe señalar que los legisladores criticaron la injerencia de Chávez en asuntos internos de los países, la carrera armamentista de los países del bloque y el rol de UNASUR como organismo alineado a dichos fines.

No sé si el Kirchner internacional tomó una aspirina o qué ocurrió, pero su serenidad y espíritu conciliador no son propios del Kirchner argentino, acostumbrados a frases que desatan la crispación.

Son más comunes en la boca de este personaje de la política argentina ahora, regional, frases como "la máquina de impedir", "la ultraderecha", "el monopolio Clarín", "partido judicial" y otras similares, para referirse a quienes son opositores y críticos al Gobierno de su esposa, Cristina Fernández.

También resultó llamativa la referencia que hizo a que oficialismo y oposición son normales en los países y la importancia de la búsqueda de los consensos para el progreso de la región.

Me pregunto: ... ¿acaso esa es la realidad que vive Argentina bajo el liderazgo político de él y su esposa?

¿Acaso Kirchner respeta a la oposición? Si cuando tuvo mayoría parlamentaria, se encargó de "ningunearla", como dicen los argentinos... y cuando la perdió, como ahora, se encarga de defenestrarla y descalificarla constantemente.

¿Qué antecedentes de diplomacia y conciliación tiene Kirchner para venir a pretender dar cátedras a los pueblos y pretender una unidad sudamericana basada en el "consenso", cuando su liderazgo político lo que menos tiene es consenso sino autoritarismo?

En síntesis, fue bastante simpático escuchar palabras tan conciliadoras de alguien como Kirchner, las cuales, para quienes conocemos su estilo, serían aptas para una ronda de chistes, o para creer que proviene de una persona distinta.

Este será, tal vez, el Kirchner internacional. Otra persona.

¿La faceta "dialoguista" de Lugo?

Sería algo contradictorio criticar la falta de iniciativa de diálogo por parte de Lugo con los representantes de los principales partidos políticos del Paraguay con representación parlamentaria y, a la par, descreer de sus buenas intenciones cuando lo intenta, como ocurre desde la semana pasada, con su visita al Partido Colorado y esta semana, al UNACE, dos de los bloques más opositores a su Gobierno.

Sin embargo, opto por el beneficio de la duda, al entender que la iniciativa de diálogo no parte precisamente de una vocación democrática y búsqueda de consensos, sino por una exigencia impuesta por la necesidad de gobernabilidad que, de acuerdo a la Constitución de 1992 que nos rige, no se puede lograr sin el apoyo del Congreso.

Los congresistas dieron en los últimos meses claras señales de alarma a Lugo sobre la distancia y el desprecio que éste demostraba hacia ellos.

Lugo no puede negar que lo hizo.
Aunque no haya usado el vocablo "conspiración", como dijo a los periodistas, es verdad que acusó de ello a Lino Oviedo, del partido UNACE, y a Nicanor Duarte Frutos, ex presidente colorado.

Es verdad que en el lanzamiento de la alianza de los sectores de izquierda con miras a lss elecciones municipales, año 2009, dijo ante esa audiencia, que los partidos políticos lloraban la lecha derramada, tras la derrota del coloradismo el 20 de abril de 2008, sin especificar a qué partidos se refería y cuáles excluía.

Es verdad que dirigentes de izquierda CERCANOS a su Gobierno instaron en el acto de lanzamiento del Frente Guasu, con presencia de Lugo, a barrer con el Parlamento y colgar en la plaza pública a senadores como Jaeggli y Galaverna.

Es verdad que Lugo simpatiza con el nuevo régimen totalitario de Sudamérica, la Venezuela bajo el mando chavista, donde se cercenan las libertades políticas y se perseguen a dirigentes opositores, bajo una hegemonía absoluta de Hugo Chávez.

Por estos motivos, no se puede observar con demasiada imparcialidad e ingenuidad un llamativo y sorpresivo acercamiento del titular del Ejecutivo, acompañado de López Perito y Lilian Soto, a los partidos políticos, con la supuesta máscara de presentar un proyecto de reestructuración del Poder Ejecutivo, cuya veracidad no pongo en tela de duda.

¿Cómo se puede entender que quien dijo que los partidos políticos "lloran por la lecha derramada", se refirió a sus líderes como retrógrados y retardatarios, y haya despreciado la legitimidad de la "democracia representativa" hoy proclame que los partidos son "el baluarte de la democracia"?

Lugo sabe que necesita del apoyo parlamentario para decisiones trascendentes que no pueden seguir esperando: las vacancias en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las embajadas en los países del MERCOSUR, el nombramiento de Contralor General de la República y Fiscal General del Estado, próximamente, además de sus propuestas impositivas y los proyectos que necesita aprobar para llevar adelante su gestión.

Los hechos anteriores hacen dudar de la sinceridad de Lugo. En aquellas ocasiones, las palabras vertidas fueron expresión espontánea de sus íntimos pensamientos. Se sabe.
Y una reunión en el local del Partido Colorado o de UNACE no borran esos sucesos.

La oposición deberá tomar con cautela, "con pinza", este acercamiento del Ejecutivo y entablar una mesa de diálogo a fin de dar impulso a las necesidades básicas que Lugo tenga para su gestión, como ser las vacancias mencionadas, pero no debe "pecar de ingenua" al confiar demasiado en el "diálogo", pues podríamos en tal caso recordar la historia del lobo que se disfrazó de Caperucita y terminó comiendo a la abuela.

La Cristina del 2000 y los DNU

La falta de coherencia en las personas en cuanto a sus opiniones y posturas, dependiendo de la posición en que se encuentran, revela el oportunismo y la hipocresía de su personalidad.

Este criterio podríamos aplicar al cambio de pensamiento que observamos en la actual presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando vemos la diferencia entre las expresiones vertidas sobre la regulación de los DNU cuando era diputada opositora en el año 2000, y cuando es senadora oficialista y Presidenta de la Nación.

Tal vez, Cristina y los kirchneristas tengan amnesia a la hora de recordar el nombre de la diputada peronista que, durante el gobierno de De la Rúa, presentó un proyecto sumamente restrictivo de la facultad excepcional del Poder Ejecutivo de dictar los polémicos decretos de necesidad y urgencia. Porque tal proyecto creaba realmente el marco propicio de regulación parlamentaria cuando el titular del Ejecutivo hacía uso de esta Facultad, para evitar los abusos que hoy vemos que comete quien, en otros tiempos, bregaba contra los mismos.

Me llamó la atención leer cuando el proyecto CFK 2000, en su Art. 7, exigía que los DNU deberían expresar claramente cuáles eran las circunstancias excepcionales que hacían imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. También, el Art. 24, que establecía el plazo de 30 días para que el plenario de las Cámaras lo tratase y aprobase, tras obtenerse el dictamen de la Comisión Bicameral, pasado el cual el DNU perdería vigencia y todo efecto.

Lo más llamativo aún es la exposición de motivos que Cristina hacía de su proyecto, porque allí se observa su pensamiento al respecto. En la misma, se puede leer a la entonces diputada decir: “En el lapso que va de 1989 a 1999, se observa una desnaturalización de la figura, llevando el número a aproximadamente 308, demostrando ello una verdadera ruptura del principio de división de poderes... Así, el Poder Ejecutivo continúa legislando en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas y la consecuente inseguridad jurídica”.

Cuando uno lee este escrito, pareciera que hubiese sido escrito por algún dirigente opositor como Elisa Carrió, Graciela Camaño o Gerardo Morales. Cuesta creer que la proyectista fue la entonces diputada opositora Cristina Fernández de Kirchner, y por seguridad, me remito a los archivos de la Cámara de Diputados de la Nación, expediente Nº 6876-D-2000, de fecha 25 de octubre de 2000.

Un lector ingenuo desconocería que la misma redactora de este texto fue la proyectista de la hoy Ley Nº 26.122, del año 2006, que contradice la letra y el espíritu del proyecto CFK 2000. Sin mucho análisis, es claro que la diferencia entre CFK 2000 y CFK 2006 esconde obvias razones. La del 2000, era una diputada opositora y disidente dentro de su propio partido. La del 2006, era una senadora oficialista, esposa del entonces Presidente de la Nación, a quien sucedió. La del 2000 defendía la Constitución. La del 2006... cada uno quite su conclusión.

¿O de qué manera se podría justificar que en el proyecto CFK 2000, el DNU requería aprobación de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 30 días, pasado el cual perdía validez, así como los efectos causados por el mismo, y en el proyecto CFK 2006, vigente como ley, se requiere el rechazo de ambas Cámaras para derogarlo, y además, salvaguardando los derechos adquiridos bajo su vigencia?

Afortunadamente, el Congreso con mayoría opositora, hoy está a pasos de sancionar una nueva ley de reglamentación de esta “práctica perversa”, siguiendo textuales palabras de CFK en el año 2000. Entre paréntesis, hubiese sido interesante e irónico que el proyecto en estudio fuese el mismo que la Cristina del 2000 presentó.

Vetar la futura ley, como amenazan legisladores oficialistas, sería un acto de caradurez extrema de la Presidenta de la Nación que, de alguna manera imposible, debería tratar de justificar.

Las relaciones entre Lugo y el Congreso

Es sabido que las relaciones entre la administración de Fernando Lugo y el Congreso no son las mejores, marcadas por un fuerte sentido de polarización ideológica. Han sido numerosos los cruces de opinión y las confrontaciones donde quedaron marcadas las diferencias, y desde el 20 de abril, se supo que el oficialismo no contaba con mayoría parlamentaria propia.

No ha faltado desde los sectores de izquierda afines al Gobierno quienes amenazaron desde el primer momento, con “barrer”, “limpiar” o disolver el Congreso, por supuestamente representar los intereses de la “derecha neoliberal o corrupta que quiere defender sus privilegios”. Muchos de estas declaraciones ocurrieron con la presencia del propio Lugo, quien de esta manera, hizo honor a la frase popular de que “quien calla otorga”. Demás estaría entrar en detalles sobre adjetivos, con clara señal de importación chavista.

Sin embargo, es interesante observar cuál ha sido la conducta del Poder Legislativo fuera de lo mediático, sino a la hora de tratar proyectos de urgencia remitidos por el Ejecutivo.

¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó millonarios créditos del plan anticrisis presentados por el ministro Borda? ¿Acaso no fue el Congreso quien aprobó las ampliaciones presupuestarias a fin de dotar de mayores equipamientos a los organismos de seguridad del Estado? ¿O no fue el Congreso quien dio el acuerdo a la mayoría de candidatos a embajadores, directores de entes, o para el ascenso de policías y militares? ¿O quién aprobó el estado de excepción solicitado por el Congreso?

Por supuesto, del mismo modo, también ha negado dar el acuerdo a candidatos a embajadores propuestos por el Presidente, por no contar los mismos con la confianza de los legisladores. Asimismo, no dio lugar a las ampliaciones presupuestarias para el Gabinete Social, ante la fuerte sospecha de que el dinero se utilizaría no para inversiones sociales, sino como método de prebenda política y financiación de la izquierda.

Pero Lugo no tiene ni tuvo una mayoría oficialista en ninguna de las Cámaras y, en consecuencia, no puede pretender más apoyo del que logró el Congreso. Debe recordar que nuestro sistema constitucional actual brinda protagonismo al Parlamento y, si pretende alcanzar aunque sea una gobernabilidad relativa, debe dejar de lado su orgullo y desprecio hacia el Legislativo, para poder negociar los espacios y decisiones que actualmente están trabados en el ámbito parlamentario, debido a la hostilidad hacia el Congreso, que cada tanto inician el Jefe de Estado o sus simpatizantes políticos, sin que el mismo se pronuncie para descalificarlos.

No puede pretender un Congreso ciego que firme cheques en blanco a una administración que, por las manifestaciones de sus allegados, no perfila una proyección muy democrática, en sintonía con Chávez y sus alineados.

Más allá de que sectores de izquierda se rehusen a reconocer la representación popular legítimas que ostentan los actuales senadores y diputados, electos el mismo día que Fernando Lugo, cada quien que ocupa un escaño hoy cumple un mandato popular, a diferencia de otros, quienes autodenominándose “defensores de los intereses del pueblo”, no lograron la confianza popular para acceder a las bancas parlamentarias ni siquiera en el último lugar de la lista. ¡Vaya representación popular que tienen!

De manera que una posibilidad de mayor armonía entre Lugo y el Congreso dependerá del hecho que el Ejecutivo reconozca la legitimidad democrática de los integrantes del Poder Legislativo y la necesidad imperiosa de lograr acuerdos con el mismo, para garantizar gobernabilidad.

El error de Cristina y la crisis política en Argentina

El discurso que la presidenta Cristina Kirchner brindó ayer, 4 de marzo, en la Casa Rosada ante un grupo de productores resultó bastante confrontativo y despertó en mí el interés en el análisis de la crisis política, y los planteos tanto del oficialismo como de la oposición.

El conflicto se originó a partir de la decisión presidencial, vía decreto de necesidad y urgencia (con fuerza de ley), de utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el pago de la deuda externa con vencimiento en el año 2010. Primeramente, a través del Decreto Nº 2010/09 (Fondo del Bicentenario), que fue derogado tras la intervención judicial, y luego, a través del Decreto Nº 298/10 (Fondo del Desendeudamiento).

La oposición reaccionó con furia ante estos hechos, debido a que - aluden - no se justifica el dictado de decretos de necesidad y urgencia para tomar estas medidas, pues corresponde al Congreso decidir sobre esto y no a la Presidenta, constituyendo este hecho un avasallamiento de las atribuciones constitucionales de las Cámaras Legislativas, puesto que no se daba la presupuesto para el dictado de los mismos, al no ser imposible seguir los trámites parlamentarios para el dictado de leyes.

Ambos decretos fueron objeto de medidas cautelares judiciales, impulsadas por la oposición, para suspender sus efectos, con la diferencia de que el decreto actual ya tuvo sus efectos, al haber transferido el BCRA los fondos al Ministerio de Economía y efectuado un pago de la deuda con organismos internacionales.

Además de esto, la oposición asegura la derogación del nuevo decreto, imponiendo la nueva mayoría que por mandato popular ejercen, además de denegar el acuerdo para la confirmación de Mercedes Marcó del Pont como titular de la banca central, por haber ejecutado estas órdenes del Ejecutivo argentino.

En referencia a toda esta situación, Cristina brindó ayer su discurso, cuestionando fuertemente la actitud obstruccionista de la oposición y la intervención desmedida del Poder Judicial, según su criterio.

En medio de las críticas, desafiño a la oposición a que exponga cuál es su alternativa para el pago de la deuda externa si no es con las elevadas reseervas del Banco Central, que - dijo - crecieron notablemente bajo la administración de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. Esto lo mencionó, teniendo en cuenta que los recursos del Presupuesto 2010 serían insuficientes para hacer frente a los compromisos con acreedores internacionales.

El discurso fue enérgico y me hizo reflexionar. No soy economista, aclaro, así que la postura que pueda adoptar sobre la cuestión de fondo - el uso de reservas para el pago de la deuda externa - no será demasiado criterioso.

Cristina expone una situación aparentemente crítica, que requiere de decisiones para evitar un nuevo "default" de la deuda. La oposición se enfurece ante el atropello de las atribuciones del Congreso. Y más que buscar salidas a los problemas, estamos frente a una sangrienta guerra política entre el oficialismo y la oposición.

Lo que, a mi juzgar, Cristina ignora, es que ella y el oficialismo desataron esta contienda, y eso genera la venganza política de una oposición pisoteada bajo la era Kirchner.

¿Cómo puede justificar no haber enviado un proyecto de Ley al Parlamento para tratar estos temas? ¿Cómo puede convencer que sea IMPOSIBLE y no poco conveniente al Ejecutivo seguir el trámite ordinario para el dictado de leyes? ¿Cómo argüir que se dan los presupuestos constitucionales para un DNU?

No hay manera de entender esto, a menos que asuma que no recurrió al Parlamento porque sabía que existe mayoría opositora y que tendría que ceder demasiado a cambio de tener alguna posibilidad de avance, y esta actitud no es democrática.

Si el Congreso es hoy opositor, es porque el pueblo argentino así lo quiso. De Narváez, Carrió, Reutemann, Michetti, Menem, Solanas, Sanz, Morales, etc. no son mayoría autoimpuesta sino votada, y aunque sea un trago amargo para Cristina, no lo puede eludir. Es el Congreso y punto, a ellos corresponde el Poder Legislativo de Argentina.

Ante el atropello institucional de Cristina con el dictado de decretos-ley injustificados, no puede pretender lidiar con una oposición pacífica, porque fue golpeada. No puede pretender Cristina evitar las consecuencias de un conflicto que ella creó al abusar de sus atribuciones.

Tal vez Cristina esté en lo cierto al pretender usar las reservas del BCRA para el pago de la deuda. Algunos están en contra, porque alegan que generaría una inflación excesiva. No sé... no soy economista y prefiero no opinar sin fundamento.

Pero lo que sí es cierto es que este conflicto fue generado por la actitud autoritaria y hostil del Poder Ejecutivo hacia una mayoría parlamentaria democrática y ahora, el panorama en el ajedrez político se perfila complicado. Requerirá de mucha sabiduría, prudencia y capacidad de diálogo en ambas partes para rever la situación. Ojalá se pueda.

Obstinación empedernida

El gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina no logra la resignación por haber perdido la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación y, en virtud de ello, pretende gobernar sin el Poder Legislativo, avasallando sus atribuciones a través del abuso y la desnaturalización de facultad extraordinarias que la Constitución Nacional Argentina otorga al titular del Poder Ejecutivo, como lo son los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

A fines del año 2009, habiendo transcurrido pocos días de iniciarse el receso parlamentario constitucional, con mayoría opositora en ambas Cámaras, la Presidenta Fernández de Kirchner dicta el Decreto Nº 2010/2009, de "Necesidad y Urgencia", por el cual se modifica la Ley Nº 23.928 - Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina - y se creaba el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad", sin justificar debidamente que haya sido IMPOSIBLE seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes, como lo establece el Art. 99 inc. 3 de la Constitución Argentina.

Como es obvio, esta actitud presidencial fue calificada de anticonstitucional por la oposición, debido a que una decisión de esta naturaleza debió haber sido adoptada por el Congreso, cual es el trámite para la sanción de las leyes según la Carta Magna, más aún cuando fue dictada tan solo a pocos días del inicio del receso y pudiendo la Presidenta convocar a sesiones extraordinarias del Congreso.

Ante la imprevisión jurídica del Congreso para autoconvocarse, legisladores opositores apelaron judicialmente el DNU, logrando la suspensión de sus efectos como medida cautelar, aguardando para poder pronunciarse cuando se reiniciara la actividad parlamentaria, debido a que contaban con la mayoría suficiente en cada Cámara como para poder derogarlo.

Ante este hecho, el orgullo de la Presidencia no se permitió una derrota ni retroceder, así que derogó con vergonzosos considerandos dicho Decreto antes de que el Congreso se pronuncia, y dictó un nuevo DNU para crear el "Fondo del Desendeudamiento Argentino", con el mismo fin: la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, habiéndose ya iniciado la actividad en el Congreso y sin que existan las razones de "necesidad y urgencia" para omitir el trámite ordinario constitucional.

Cabe destacar que, inmediatamente, la nueva Presidenta interina del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, ya transfirió los recursos autorizados por el Decreto al Tesoro Nacional,

Se perfila una nueva dura batalla entre el oficialismo y la oposición. Es de suponer que la mayoría opositora buscará derogar el nuevo DNU presidencial y apelará judicialmente para suspender sus efectos y declarar la nulidad absoluta de los mismos.

Pero lo que más llama la atención es la OBSTINACIÓN EMPEDERNIDA del gobierno de Cristina Kirchner para gobernar sin el Congreso, con mayoría opositoria por voluntad popular, puesto que las decisiones que adopta a través de los Decretos corresponden aplicarlas al Congreso por vía de Ley.

La Constitución Argentina solo autoriza al Presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia, con fuerza de ley, cuando circunstancias hagan imposible seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes (Art. 99 inc. 3).

La palabra clave en ese inciso es IMPOSIBLE, lo cual se daría en el caso de alguna catástrofe natural, circunstancia de tumulto grave o similares.
Pero como bien lo dijeron la magistrada Sarmiento, que suspendió los efectos del Decreto Nº 2010/09, la sola invocación de que la urgencia del caso hace imposible seguir los trámites ordinarios no justifica dictar un DNU.

Y los Kirchner no entienden esto, o no lo quieren entender, para no sentir limitado su poder, como lo fue desde 2003 hasta ahora, cuando contaban con mayoría parlamentaria. No quieren darse cuenta que el pueblo les está frenando y que toda política que adopten deben consensuar con la oposición, que no se puede pasar por alto el Congreso a través de decretos inconstitucionales, que la Carta Magna establece un sistema de división de poderes que hay que respetar, que no es facultad ordinaria del Ejecutivo legislar.

Mientras no sigan aceptando esta realidad, seguirán golpeándose, desgastándose, perdiendo apoyo popular, rumbo a una victoria segura en 2011 que extinguirá del mapa político argentino este proyecto autoritario y absolutista, que pretende gobernar sin el Congreso.